¿Cuáles son los avances de los trabajos en Monte Sinaí?
Seguimos de manera acelerada con el plan de regularización en la zona. Este año queremos darle fuerza a ese sector y a los que existen en otras zonas del país.

Por ejemplo, en Monte Sinaí ya hemos entregado 8.500 certificados de posición geográfica (más del 50% de la totalidad), que es la llave para la legalización y de acceso a sus derechos. También, se han efectuado 714 adjudicaciones.

En cambio, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) ya transfirió al Municipio del Coca 12 hectáreas para que puedan ser legalizadas. En Huaquillas estamos trabajando en otra situación parecida y desarrollamos una agenda de trabajo para Durán. Este año para nosotros será vital.

¿Cuál es la fecha en la que se terminarán de entregar los certificados de georreferenciación en Monte Sinaí?
Creemos que en el primer trimestre (de este año) ya terminaremos. Paralelamente, se trabaja en los temas de las adjudicaciones y de las regularizaciones.

¿La gestión que se ha venido haciendo se deterndrá en Guayaquil a pesar de que no ganó el partido del Gobierno?
No se detendrá para nada. La gente conoce la ética y principios de este Gobierno. Nuestro compromiso es con los sectores populares que, por irresponsabilidad de políticos seccionales, nunca fueron atendidos. La preocupación del Gobierno es generar una respuesta a los asentamientos irregulares. Monte Sinaí es una prioridad.

¿En qué sitios ya hay obras?
En la cooperativa Tres Hermanos (en el noroeste del cantón). Allí no solo que se han entregado los certificados, sino que también se instala energía eléctrica. El título de propiedad irá acompañado del acceso a los servicios que necesite la población.

¿Por qué hay personas que todavía no tienen los certificados?
Son pocas y los casos son revisados. La situación se ha dado porque son personas que no han completado toda la información requerida. Por ejemplo, certificados de haber comprado antes de 2010, algunos solo han entregado copias, pero nosotros requerimos los originales.

¿Dónde van a continuar con la entrega de certificados?
Voluntad de Dios y regresaremos a Monte Sinaí, María Paydar y La Camila. Allí vamos a entregar certificados de posición geográfica. Regresaremos porque hubo familias que no estaban en el lugar cuando realizamos el censo. Aún estamos dentro del cronograma.

¿Cómo va la judicialización por tráfico de tierras?
Seguimos impulsando los procesos de judicialización, ya hay 97. Tenemos otros procesos que queremos que salgan y que se refiere a personas que están relacionadas fuertemente con el tráfico de tierra. Queremos que no queden en la impunidad.
También, en este año, vamos a levantar información que nos permitan tener una idea más clara de cómo se originaron los asentamientos ilegales y que permitan la búsqueda de soluciones de fondo.

Otro punto trascendente que se promoverá es el tema educativo para romper con el pensamiento de que con las invasiones se soluciona el déficit habitacional. 

Las personas que ya tienen los certificados de adjudicación, ¿qué harán ahora?
Esperar que el Municipio apruebe los catastros, creemos que eso va por buen camino, una vez que se aprueben esos catastros obtener los títulos de propiedad y allí se arrancará con las obras de los servicios básicos.

¿Quién hará las obras?
En este caso, el Miduvi.

¿Y cuáles servicios proveerá?
Los que se necesitan: agua potable, alcantarillado, transportación pública, energía eléctrica, desarrollo de áreas comunales, parques, centros educativos, centros de desarrollo, seguridad.

¿Cómo evalúa los desalojos?
El tema del desalojo y retiros es un tema al que dimos fuerza al inicio. Con la conciencia que se está generando cada vez va a ser menos necesario.

¿En Monte Sinaí ya no hay gente que será desalojada?
No tenemos pensado en ninguna parte. Se cumplió el trabajo y estamos controlando para que no se vuelva a invadir.

¿Y en otro lado de la ciudad...?
En el Estero Salado tenemos un grupo minoritario de familias con las que trabajamos para que voluntariamente salgan. Son del tramo 6 (Cisne). Son un grupo de alrededor de 25 familias, pero muchos ya han abandonado.

¿Cree que ha habido un cambio de actitud de la gente con respecto al tema de las invasiones?
La gente sabe que el Gobierno está hablando en serio. Antes, cuando estábamos a las puertas de una elección seccional, la gente ofrecía votos por los terrenos. Eso no pasó en este año. Asimismo, aún estamos recuperando tierras del Estado. Los terrenos públicos que han sido ocupados en el país ascienden a 10.000 hectáreas, pero un alto porcentaje son asentamientos consolidados, es decir, que no hay que desalojarlos. Es cuestión de que el Gobierno trabaje con los municipios.