Un informe del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), difundido ayer, reveló que la Policía Metropolitana (PM) no cuenta con un departamento de psicología para los agentes que deben enfrentar situaciones estresantes durante su labor en las calles de la ciudad.

Según Diana Maldonado, activista, los subordinados de la PM se abstuvieron de hacer observaciones de la situación durante una evaluación y capacitación del personal municipal en marzo de 2014. “Quizás por estar grabadas y porque siempre estuvo un superior presente”, aseveró.

La publicación señaló que uno de los funcionarios metropolitanos debe cumplir el papel de psicólogo con miembros de la tropa cuando se detectan problemas familiares “y recurrir a las charlas y conversaciones para que se desahoguen”.

La misma persona en cuestión también se encarga de seleccionar a los policías y elaborar diagnósticos sobre el funcionamiento de los distintos departamentos de la institución.

Maldonado manifestó que el psicólogo en un cuartel es un elemento clave y que algunos de los uniformados, fuera de talleres, solicitaron la existencia de un especialista “para ayudarlos a manejar el estrés diario que su trabajo causa”.

El estudio -que forma parte de un resumen de la situación de los DD.HH. en la ciudad- fue presentado en un acto al que se invitó al Municipio de Guayaquil, pero ninguno de sus representantes asistió.

El Cabildo no realiza un seguimiento adecuado sobre el conocimiento del personal metropolitano en cuanto al respeto hacia la ciudadanía, según Billy Navarrete, representante del CDH en Guayaquil.

Incluso, afirmó, la PM no posee un departamento de Asuntos Internos que permita atender e investigar las denuncias que puedan presentar los ciudadanos que se sientan maltratados por los uniformados.

Las indagaciones sobre algún abuso de autoridad son realizadas por un alto funcionario de la PM o de la compañía a la que pertenezca el metropolitano.

Otras de las situaciones detectadas es que los agentes no reciben ningún taller de reforzamiento de conocimientos en DD.HH., fuera del curso obligatorio para ingresar a la entidad. “La situación es para llorar”, comentó Fernando Gutiérrez, presidente del CDH.

Para el personal municipal, el retiro temporal de las mercancías es legal. Se respaldan en el artículo 3 del Reglamento Municipal interno.

El estatuto señala que los titulares de las direcciones de Justicia y Vigilancia, Aseo de Calles, Uso del Espacio y Vía Pública y la PM se encargan de ordenar la confiscación momentánea de “bienes muebles que se encuentren expuestos en los espacios de uso público sin la autorización municipal”.

Para Gutiérrez, los excesos de los agentes no se remedian con la expulsión de los involucrados, sino que requiere una “reestructuración del sistema”.

El art. 327 de la Constitución reconoce y protege el trabajo autónomo y prohíbe “toda forma de confiscación de sus productos, materiales o herramientas de trabajo”.

Por su parte, el alcalde Jaime Nebot se ha manifestado públicamente en contra de las agresiones de la PM, pero justifica el uso de toletes “porque existen comerciantes que atacan con cuchillo”.

A finales de enero, la Alcaldía presentó una denuncia contra dos metropolitanos por agresiones a una comerciante de 63 años.

DATOS

En junio de 2008, Miguel S., un discapacitado mental, fue detenido por la PM durante una manifestación de vendedores ambulantes. El hijo del imputado denunció maltratos físicos y sicológicos.

En abril de 2013, Epifanio A., refugiado colombiano, acusó a los agentes metropolitanos de extorsión e intimidación. El ciudadano afirmó que los municipales le exigían una tasa diaria de $ 1 por cada uniformado de la zona donde trabajaba y llegó a cancelar hasta $ 5 diarios.

El 4 de diciembre de 2013 un grupo de jóvenes que realizaba un flashmob (baile improvisado), al pie de la Gobernación del Guayas, fue agredido por la Policía Metropolitana. Los guardias reprimieron con toletes y gases a quienes participaron en una parodia al alcalde Jaime Nebot Saadi.

En enero de 2015, María Q., comerciante de la Terminal Terrestre, fue transportada en un vehículo del Cabildo con la mano derecha aprisionada en una de las ventanas del automotor. El hecho fue registrado en video por varios ciudadanos.