Decenas de pacientes de VIH-SIDA  llenaron los exteriores del Hospital de Infectología de Guayaquil,  ayer, a    las 10:00.

Ellos expresaron su enfado por  la escasa entrega de medicamentos en la institución.

Ayer se dejó de entregar retrovirales a cientos de enfermos que hicieron fila en la farmacia del hospital desde  la mañana.

“Ronnie”, quien solicitó tres frascos de Abacavir, Laviduina y Efavirenz para no agravar su enfermedad, se mostró indignado.  “Uno no puede estar sin tomar (las medicinas),  porque recae, el cuerpo se debilita. Yo soy pobre y no puedo comprar en otro lado, adquirir los tres remedios en una farmacia de afuera me cuesta $ 682”.

A su reclamo se sumaron los de varios pacientes más. Algunos, afirmaron,  viajan desde otros sectores de la Costa,  con la esperanza de conseguir las medicinas.

Ese es el caso de “María”, quien se  desde Ventanas arribó al centro de salud a las 7:00, para esperar los medicamentos para su hermano.  “Actualmente, solo poseen un medicamento, pero como tienen orden de entregar tres, no nos dan ninguno”.

Según María, en la ventanilla de la farmacia no le informaron cuando estarán disponibles sus medicinas. “Me dieron un número de teléfono para que llame y  confirme la  llegada de los tratamientos, recién entonces podré volver”.   

Junto a los protestantes, se encontraba Marcos Córdova, miembro  de Redogam (Red de Organizaciones y Grupos  y de la Organización  de Ayuda Mutua) y Organización Lázaro.

Él amenazó con tomarse el hospital en caso de que no mejore la situación. “No vamos a bloquear el paso o   a evitar el ingreso de la gente, pero sí vamos a seguir protestando en las afueras”.

Horas más tarde, a las 12:00, miembros de  las organizaciones Redogam, ICW Ecuador y la Fundación Vida Libre se reunieron en el edificio San Francisco con el abogado Julio César Cueva para tomar acciones legales. “Estamos haciendo  un requerimiento de tutela” indicó el abogado del estudio jurídico Cueva & Asociados. “El  comunicado será enviado a un juez de la Corte de Justicia para que tome las medidas necesarias y ordene al Ministerio de Salud solucionar la situación”.

El documento se apoya en los artículos 85.1, 85.2 y 85.3 de la Constitución, que indican que cuando la ejecución de las políticas públicas atenta contra derechos fundamentales, la autoridad tiene la obligación de reformar estas políticas. Las autoridades de la casa de salud ayer no se pronunciaron ante los reclamos.