Los moradores de la cooperativa Las Marías, en Monte Sinaí, gestionan recursos legales y económicos para frenar los operativos de desalojos anunciados por la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares (Stpahi).

En el sector, personas consultadas reconocen que es la primera vez, en más de una década, que representantes de ONG y entidades académicas se preocupan por su modo precario de vida.

Actualmente, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) patrocina una medida cautelar contra el comisario Robinson Arias -quien firmó las notificaciones de desahucio a 260 familias de Las Marías-.

Asimismo, las universidades Católica Santiago de Guayaquil (UCSG), Casa Grande y Santa María gestionan acercamientos con las autoridades.

Freddy Plúas, quien tiene 4 años en Las Marías, en la fachada de su vivienda, que comparte con su madre, colocó rótulos en los que solicita tranquilidad a quienes vayan a ejecutar los desalojos. “Cada quien hace su parte en esta lucha, no hay nada ni nadie financiando esto, somos los mismos moradores que colaboramos con la elaboración de letreros que se han usado en las últimas protestas”.

Sin embargo, entre los habitantes el apoyo no es total. Hay personas, que viven cerca una década en el sitio, que desconfían de los intereses de los dirigentes que organizan las marchas y protestas.

Rogelia Vera adquirió un terreno en 2005, por 1.200 dólares a M.Q.C., cuando el lugar se llamaba Lagos del Trapiche. Pero, según ella, en 2007, Ínsito Ortiz -sentenciado a 18 meses de prisión correccional por tráfico de tierras- le quitó la propiedad e intentó venderla a Vera en 600 dólares. “Con Ortiz llegaron nuevos compradores y nació Las Marías... Yo apoyo con mi bandera blanca, pero no me pueden pedir que confíe en los actuales dirigentes”.

En la mañana de ayer, un grupo de habitantes de Monte Sinaí se dirigió al Cabildo y a la Gobernación del Guayas para pedir la legalización, pero hasta la tarde se desconocía el resultado de la gestión.