Decenas de familias de la Isla Trinitaria desarrollaron ayer una protesta frente a los anuncios de desalojos que, durante esta semana, realizó la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares (Stpahi) en cuatro cooperativas de la zona.

Los habitantes de las cooperativas Andrés Quiñónez 2, Vencer o Morir 3, Isla del Valle y Enrique Gordillo, asentadas cerca del Trinipuerto, en el sur de la urbe, rechazaron  un aviso verbal en el que se les notificó que  en el plazo de 15 días deben salir del sector.

La advertencia del desahucio llegó al día siguiente del recorrido que hizo el presidente Rafael Correa, vía marítima, en los ramales del Estero Salado del sur y suburbio de la urbe, durante el último miércoles.

Según versiones de los moradores, el objetivo de la medida es reducir la contaminación del afluente, producto de las aguas residuales y basura que se generan desde los asentamientos populares.

En estos sitios, que están en las riberas del Estero Salado, las casas, en su mayoría, son de madera, caña y construcción mixta.

Lucetty Pachito, dirigente del sector, dijo que entiende la iniciativa del Estado de retirar las casas de las riberas y sobre el agua,  pero cuestionó que se intente sacar a las familias que viven en tierra firme. El aviso de la Stpahi, hasta el mediodía de ayer,  solo fue verbal.

La ciudadana, con casi 20 años en la cooperativa Isla del Valle, comentó que en 2010 se realizó un censo para reubicar a las familias, pero  el proceso se desarrolló en un día laborable. “Siendo dirigente, nunca me llamaron a participar de una reunión para conocer detalles de la reubicación”.

En su protesta, los habitantes manifestaron que ninguna entidad estatal ha expuesto los motivos del  desalojo y las alternativas de reubicación.

En las pancartas que llevaron durante el plantón expusieron que se acogen a lo estipulado en el numeral 7 del Art. 58 de la Constitución: “La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras”.

Los terrenos, afirmaron los moradores, llevan habitados casi 20 años y tuvieron que pagar, por cada uno, entre $ 500 y $ 1.500, a traficantes de tierra.

Los valores se determinaron de acuerdo a la proximidad del estero: mientras más lejos de la ribera, se incrementaba el costo. También aseguraron que las manzanas ubicadas en tierra firme estaban por recibir relleno por parte del Municipio de Guayaquil.

Lora Cortés, de la cooperativa Enrique Gordillo, se mostró determinada a quedarse en el sector, pese al aviso de la Stpahi, y criticó el censo que se realizó hace dos años. “Yo compré un terreno sobre el agua y como no estaba terminada mi casa no me quisieron incluir en el programa de reubicación... ‘Estamos para censar casas y no cuatro palos’ fue lo que me dijeron”. Por otra parte, algunas familias  han comenzado el traslado hacia Socio Vivienda.

Según datos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), alrededor de  2 mil familias, asentadas en las riberas del Estero Salado, ya fueron reubicadas y se proyecta retirar  aproximadamente 8 mil casas de esta zona.

Sin embargo, las personas que han recibido las llaves de sus nuevas propiedades cuestionaron la falta de servicios básicos y seguridad ciudadana.

Ilma Castillo, de la cooperativa Vencer o Morir, dijo que su progenitora está viviendo desde el lunes anterior en Socio Vivienda, pero que no cuenta con servicio de electricidad. “Pasó sus primeras noches sin luz y no sabemos si reclamarle al Miduvi o a la Empresa Eléctrica”.

Las personas que han recibido las llaves también observaron que los delegados de los contratistas se quedaron con una de las tres copias de las llaves de las nuevas casas.

El jueves anterior se realizó un operativo que derivó en la captura de dos personas que conducían volquetas con tierra para colocar rellenos en la cooperativa Isla del Valle. Los detenidos fueron acusados de delito ambiental y podrían enfrentar prisión de 20 meses.

Hasta el cierre de esta edición, la Stpahi no informó cuántas  familias saldrán de la zona.