La construcción del oleoducto de transporte de gas licuado de petróleo (GLP), que pasa por la vía a la Costa, se ha constituido en un tema del que todos los días surgen más elementos que eran desconocidos hasta que empezaron las protestas de los habitantes del considerado nuevo “polo de desarrollo de Guayaquil”.

Rolando Panchana, presidente de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional, tras su primera visita en al lugar, saca las primeras conclusiones de lo que originó una pugna que involucra a los residentes de la zona, la empresa pública Petroecuador y al Municipio de Guayaquil.

¿Hace qué tiempo estaba previsto que el poliducto pasara por la zona residencial (vía a la Costa)?

El 22 de marzo de 1988, el entonces alcalde de Guayaquil, Jorge Perrone (+), emite una ordenanza que determina que en el área hay una franja de protección donde no se podrá construir viviendas ni complejos industriales en El Salitral, un sitio cerca a la vía a la Costa. Luego, hay un acuerdo ministerial de la cartera de Energía y Minas, del 26 de abril de 1988, expedido en la administración de León Febres-Cordero (LFC), documento que incluye el trazado del poliducto que transporta hidrocarburos denominado Libertad-Monteverde-Pascuales.

¿El que pasa por la vía a la Costa?

Así es. En ese decreto el ministro de Energía, Fernando Santos, determina las prohibiciones y dice que del eje del poliducto no se podrá edificar nada a 15 metros a la derecha y 15 m a la izquierda, pero la Municipalidad destinó esos terrenos al uso industrial.

El 15 de noviembre de 1991 se establecen los límites urbanos de la ciudad, que llegan al kilómetro 36 de la vía; luego el Cabildo, el 20 de diciembre de 1995, emite la ordenanza del esquema urbano, donde se incorporan nociones de aplicación y uso de suelo, pero con eso se prepara una nomenclatura y un diseño urbanístico para la expedición de la Ordenanza del Plan Regulador de Desarrollo Urbano del 25 de julio de 2000, cuando LFC era alcalde, en el documento se definen los conceptos de suelo urbanizable y no urbanizable.

La primera clasificación perteneció al tema del poliducto, porque el sector cambia de industrial a suelo urbanizable programado para desarrollo urbano no intensivo residencial.

¿Esta última ordenanza municipal permitió la urbanización de la zona?

A raíz de ello se empieza a poblar. Pero esto lo firmó el alcalde (León Febres-Cordero) que en 1988 (cuando entonces era presidente del Ecuador) sabía que por ahí circula el poliducto de transporte de hidrocarburos. El Municipio sabía que, al cambiar el uso de suelo, estaba posibilitando poblar esa zona.

Pero eso implica un riesgo para las personas que habitan allí...

Si hubiera problemas de seguridad el Municipio podía cambiar el uso de suelo (...). Según el decreto de 1988, ese poliducto se puede ampliar y se puede poner otro, mientras se respete el derecho de vía por parte de Petroecuador, pero eso nunca fue derogado. Es más, ese criterio es recogido en la Ley de Hidrocarburos de la época, en la siguiente y no se cambió en la que reformamos en 2010, donde se determinó la misma servidumbre de 15 metros.

Si estos datos eran públicos, ¿por qué entonces no se tomaron acciones preventivas?
Esto es tan público, que el 23 de abril de 2003, por ejemplo, diario Hoy publicó que “en la vía a la Costa se desarrolla un nuevo polo urbanístico, gracias al decreto del ex alcalde LFC”, pero no se mencionó al poliducto...  En la época de (Jaime) Nebot en la Alcaldía hubo más ordenanzas:  en febrero de 2010 se estableció que “las áreas atravesadas por poliductos mantendrán franjas de servidumbre conforme a las normas legales aplicables a la materia”, con lo que el propio Municipio reconoce la servidumbre del poliducto, pero no dice que no se puede construir.

¿La primera ordenanza se canceló?

No, aún está vigente, se hizo caso omiso. Esta ordenanza no deroga, solo aclara conceptos, jamás el Municipio dice que esa área no puede ser habitada. Y en el 20 de enero de 2011 se mantiene el mismo texto.

¿No se reformó nada?

Para nada. El trazado del poliducto lo hace LFC como presidente y como alcalde dice que es urbanizable. Ahí estaba el tubo,  él lo sabía y permitió la expansión territorial, lo cual no es malo, pero he constatado que la mayoría de edificaciones no respeta los 15 metros: hay urbanizaciones, escuelas, empresas y canteras, cuyos cerramientos están dentro de las servidumbres.

¿Qué medidas se tomarán?

Le he pedido al alcalde Nebot que me entregue la información de todos los permisos de construcción que se expidieron en la vía a la Costa, desde el 2000 en adelante, porque me han dicho que no han emitido permisos de construcción, pero lo que el Cootad y la Ley de Régimen Municipal establecen es que, cuando se entregan las urbanizaciones, hay un acta en el que presencialmente un funcionario municipal constata que se ha cumplido con lo que el Cabildo ordena; entonces hay dos opciones: o eso nunca pasó o quien lo hizo falseó la verdad. ¿Y quién mintió?: el promotor inmobiliario que construyó o el Municipio que autorizó.

¿Cuál es la responsabilidad de Petroecuador en esta situación?

Aquí hay un culpable por acción, que está claro, porque el problema nace municipal y termina municipal, nace (del Partido) Social Cristiano y termina Social Cristiano, no hay vueltas que darle.

Pero también es verdad que los anteriores gerentes de Petroecuador tenían que hacer valer su derecho a servidumbre y de velar que no se lo afecte. Allí hay una culpa por omisión de Petroecuador y de la entonces Dirección Nacional de Hidrocarburos (DNH), que tiene como una de sus competencias velar a la servidumbre en el transporte de petróleo y derivados. Ellos no debieron dejar que se invadiera el derecho de vía.

¿Los terrenos urbanizados de la zona fueron motivo de algún conflicto de intereses?

No tengo la historia de dominio de los terrenos, aunque hay un promotor inmobiliario que construyó, pero quien autoriza el desarrollo ilegal es el Municipio. Siempre fue un problema municipal, en cambio, Petroecuador no hizo valer su derecho.

¿Qué deben hacer los habitantes de la zona?

No les queda más que demandar al Municipio, porque él debió hacer respetar el derecho de vía, también pueden demandar al promotor inmobiliario civilmente por vicio oculto, porque, probablemente, quien compró la casa o terreno, si se enteraba que por ahí pasaba un tubo de hidrocarburos y podía pasar otro, no iba a adquirir el inmueble; y si eso ocurre, el promotor demandará al Municipio, que le permitió construir en un área impedida.

¿Habrá expropiaciones?

Aquí no habrá expropiaciones, quien dijo eso se lo inventó. Esa es la desinformación de algún irresponsable que juega con estos temas. Si se va a expropiar, es por una obra nueva, no por algo que ya está, como el poliducto. En respeto del derecho de servidumbre establecido en las ordenanzas municipales, lo que puede haber es que se obligue a cumplirlo, con lo cual se puede retroceder hasta donde la ley establece.

¿Qué pasará con el programa habitacional Mi Lote?

Hay una serie de conversaciones entre el Municipio y Petroecuador, el director de Obras Públicas comunica a la empresa pública la construcción de este programa de 11.000 soluciones habitacionales para más de 50.000 personas, pero el poliducto lo cruzará por la mitad.

La gente va a vivir encima del tubo de hidrocarburos. El Municipio ha pedido las especificaciones técnicas para la protección del poliducto dentro del área del programa, pero no ha dicho que hay problemas de seguridad, entonces, ¿por qué hace un programa nuevo que pasa por ahí? Aquí no hay que ser politiquero, sino hablar sobre la base de la verdad.