Manuel Salto (78), Flor Zavala (74) y Ana María Ramos (70) son tres miembros de la denominada Red de Personas Adultas Mayores de Guayaquil, quienes solicitaron a la Defensoría del Pueblo del Guayas, esta semana, una acción de protección en el Municipio de Guayaquil para exigir que cumplan sus derechos.

Con camisetas que tenían leyendas sobre el colectivo acusaron al Gobierno Seccional de no cumplir con tres obligaciones: no convocar a las organizaciones y al grupo etario a participar en la elaboración del presupuesto participativo, falta de información sobre programas y políticas de protección para las personas de la  tercera edad, y la no convocatoria para intervenir en el anteproyecto de presupuesto municipal 2013.

El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización (Cootad),  en su artículo 67, define el presupuesto participativo como el proceso mediante el cual los ciudadanos, de forma individual o por medio de organizaciones sociales, contribuyen voluntariamente a la toma de decisiones respecto de los presupuestos estatales, en reuniones con las autoridades electas y designadas.

Asimismo, el artículo 70 reza que la autoridad competente iniciará el proceso de deliberación pública para la formulación de los presupuestos con anterioridad a la elaboración del proyecto de presupuesto.

La discusión y aprobación de los presupuestos participativos -consta en el documento- se realizarán con la ciudadanía y las organizaciones sociales que deseen participar, y con las delegadas y delegados de las unidades básicas de participación, comunidades, comunas, recintos, barrios, parroquias urbanas y rurales, en los gobiernos autónomos descentralizados. “Las autoridades, funcionarias y funcionarios del ejecutivo de cada nivel de gobierno coordinarán el proceso de presupuesto participativo correspondiente”.

En ese punto se centra el reclamo de dicho grupo de etario. Según ellos, el pasado mes, el alcalde Jaime Nebot, por medio del secretario, los invitó para analizar cómo estaba el presupuesto, “pero hasta el momento no hemos sido recibidos”, recordó Salto, quien habita en el sur.

Al pedido se suma Flor Zavala (74), del noroeste, quien considera que el alcalde tenía que llamarlos porque ellos ya le enviaron una misiva. “No nos han invitado, ni nos han dado fecha aún”. 

Al respecto, el Municipio de Guayaquil, respondió en una misiva que la solicitud de ser recibidos por el cuerpo edilicio, no es procedente en esta etapa, pues de conformidad al Cootad, la Dirección Financiera realiza el anteproyecto del presupuesto de 2013, en base a las propuestas acogidas en la Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana que ya se desarrolló el pasado 29 de mayo.

“(En la reunión) se conocieron  propuestas a través de las múltiples organizaciones sociales y delegados de las unidades básicas de participación (...) las cuales sirvieron de base para la elaboración del presupuesto participativo anual”.

El Cabildo justificó  que los mecanismos que  emplean para recoger las necesidades de la comunidad son las comunicaciones, las audiencias públicas y los recorridos que hace el burgomaestre. En la misiva enviada por el Cabildo, sin embargo, se señala que el anteproyecto será conocido hasta el 31 de este mes y que, entonces, se indicará al grupo etario para que participe en la asamblea.  

Otra de las críticas del grupo al Cabildo es la necesidad de más espacios para el entretenimiento, productividad y salud. Ana María Ramos, residente del Guasmo Sur, se queja de que hay espacios y programas para ellos, pero el problema es que se le complica para llegar. “Está a media hora de mi casa y a veces no tengo dinero para el pasaje y es difícil para un anciano ir lejos”.

Por su parte, Salto estimó que la cobertura de esos servicios no cubre a los 136.577 habitantes de la tercera edad que existen en el cantón. “Solo llegan a 1.500 y no creo que se destine el 10% como manda la ley”.

El Cootad, sobre aquello, señala en el artículo 249 que no se aprobará el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado si en el mismo no se asigna, por lo menos, el 10% de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de la planificación y ejecución de programas sociales para la atención a grupos de atención prioritaria.

Pero el Municipio, en los reportes enviados al grupo, afirma que desde 2008 sus inversiones en programas sociales son desde un 10% hasta un 20%. Y en el presupuesto del año en curso, la inversión en el área asciende a 13 millones de dólares, cuando su ingreso no tributario es de 69 millones de dólares.

Según Jorge Martínez, titular de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), los cabildos están obligados a tener un sistema de participación ciudadana, que esté contemplado en una ordenanza para que ningún grupo esté excluido. “Cada modelo de participación debe responder a cada realidad de las ciudades”.