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Ecuador, 25 de Diciembre de 2024
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El Telégrafo
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Cooperación francesa presenta 'Mujeres echando raíces'

El plan ya fue presentado
El plan ya fue presentado
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Acceso a vivienda segura y digna, rutas para la integración socioeconómica y prevención de las violencias basadas en género son los tres ejes del convenio firmado por Expertise France - EF, la Agencia Francesa de Desarrollo - AFD y la Prefectura de Pichincha para apoyar a las mujeres migrantes venezolanas y de las comunidades de acogida en Quito.

El convenio pondrá en marcha durante tres años el programa “Mujeres echando raíces”, con una inversión por parte de la AFD de 7 millones de euros para implementar acciones en simultánea en Quito (Ecuador) y Cali (Colombia), que permitan mejorar la calidad de vida de mujeres y jóvenes y los vecinos de los sectores priorizados.

El Embajador de Francia en Ecuador, Frédéric Desagneaux; el director regional de la AFD para el Área Andina, explica que los componentes del programa buscan contribuir a solucionar las dificultades socioeconómicas que enfrenta la mitad de la población migrante que son las mujeres, gran parte de ellas con hijos. 

Para el director regional de la AFD, “el proyecto ‘Mujeres echando raíces’ responde al doble reto del Grupo AFD de situar el nexo migración-desarrollo y la promoción de la igualdad de género como temas transversales de su accionar, con el fin de reforzar la protección de los derechos de las personas migrantes y liberar su potencial para el desarrollo. El proyecto propone trabajar sobre la base del enfoque “Housing First”, poniendo el acceso a vivienda digna y permanente en el centro de la problemática, del que se deriva el empoderamiento contra la violencia y la inclusión socioeconómica, en particular para estas mujeres en situación de vulnerabilidad y las comunidades de acogida”, dijo el señor Philippe Serres.

La vivienda es un elemento prioritario en el proceso de inclusión de las personas, por lo que uno de los pilares del programa es promover el acceso a un techo seguro a través de un arrendamiento, siguiendo el modelo de intervención conocido como Housing First (casa primero), ya que la mayoría de migrantes viven en alojamientos informales, inseguros, caros y a menudo insalubres, compartidos por varias familias. 

Así mismo, el programa promoverá rutas de empleabilidad para garantizar la autonomía económica de las mujeres migrantes y de las comunidades de acogida, a través de formación profesional en sectores no tradicionalmente femeninos, que les permita la autogestión y/o la consecución de empleos formales.

Finalmente, estos factores ayudan a mitigar la vulnerabilidad de las mujeres ante las violencias basadas en género como la doméstica, el abuso sexual, la trata o formas de extorsión de servicios sexuales a cambio de alojamiento diario. En este sentido, se apoyarán las acciones de los centros Warmi, que prestan atención integral a mujeres víctimas de violencia de género.

Migración en Ecuador

Según La Plataforma Regional Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), identifica a 612.764 radicados en Ecuador, la mitad de ellos corresponden a mujeres.

De acuerdo con un monitoreo realizado por la Organización Internacional de Migraciones con población migrante en marzo del 2021:

  • El 52 % de mujeres y el 31 % de hombres viajaron con su grupo familiar nuclear o ampliado.
  • Más del 70 % tienen entre 18 y 35 años y el 16,4 % son menores de 20 años.  Al ser jóvenes, la mayoría son solteros; el 36 % de hombres y el 30 % de mujeres viven con su pareja; hay más mujeres jefas de hogar, lo que las pone en situación de mayor vulnerabilidad.  
  • En general, son personas con niveles educativos relativamente altos (más de la mitad tiene 12 años de estudio, y alrededor del 17 % han concluido estudios superiores.
  • En Quito, según un estudio del Banco Mundial (2020), se concentra el 40 % del total de personas migrantes de Venezuela.
  • Según UN Women – Americas and the Caribbean, 50 % de las mujeres migrantes vive en condiciones de hacinamiento; 70 % no tiene acceso regular a servicios de salud y 30 % de los hijos no están inscritos en el sistema educativo.

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