Primero: La economía ecuatoriana goza de una salud que garantiza derechos de los ciudadanos que antes estaban negados o, por lo menos, obstaculizados por un modelo excluyente: empleo, educación, salud, vivienda y servicios básicos.

De esto, ni siquiera las cámaras de la producción se quejan, las organizaciones de los trabajadores menos. Salvo por algunos analistas y defensores de modelos caducos, hay un reconocimiento al modelo desarrollado y que en este año profundiza una línea programática: el cambio de la matriz productiva.

Las evidencias están ahí: hay menos pobreza, la economía crece y amplía oportunidades para nuevos actores y sectores productivos. Incluso, en la expectativa de mayores ingresos por los proyectos estratégicos, la misma dinamia productiva advierte escenarios para el crecimiento y desarrollo de más empoderamientos y emprendimientos.

Y todo eso gesta una sociedad más anclada a una economía inclusiva.

Segundo: La demanda social es alta, conlleva fuertes gastos y muchas oportunidades para sectores que antes veían de lejos a otros enriquecerse. Ahora, incluso, quienes empiezan a estudiar saben que tienen garantizada la universidad y por ende un futuro con mejores condiciones de vida. Claro que eso atrae también las críticas (a veces racistas y regionalistas) porque suponen que esa inclusión ‘desplaza’ a quienes siempre se consideraron los únicos con derechos. De ahí que el proceso de transformación social adquiere también sus complejidades para dejar atrás décadas de exclusión y gestar una nueva clase media.

Paradójicamente, tenemos ahora tensiones que nacen de las oportunidades y de las garantías para construir una sociedad incluyente.

Tercero: La democracia se ha robustecido. En un año hubo dos procesos electorales con resultados que nadie duda ni cuestiona. Las instituciones funcionan en un ambiente de estabilidad. Los actores políticos juegan a sus lógicas e intereses sin que con ello vean menoscabadas sus legítimas aspiraciones. Y, como es lógico, el conflicto forma parte de la democracia y hay disputas que se resuelven en el marco de la ley. Que algunos quieran acudir a las instancias judiciales para resolver las disputas es también prueba de que la democracia funciona. Y por todo ello, lo que hace falta es fortalecer el sistema democrático con la presencia activa de organizaciones políticas, gremiales y económicas, remando para un solo lado: la construcción de una nación del Buen Vivir.