Hay una discusión válida y oportuna para evaluar los siete años de la Revolución Ciudadana: ¿efectivamente cambiaron las relaciones de poder en el Ecuador? ¿Podemos asegurar con énfasis y entusiasmo que las cámaras de producción, los banqueros, los potentados y los medios de comunicación privados y comerciales no siguen conduciendo el país?
De otro lado, también habría que evaluar con profundidad si los sectores populares, sus organizaciones y expresiones políticas participan en la toma de decisiones fundamentales.
La evidencia está, a plenitud, en muchos documentos e instituciones, que lastimosamente algunos analistas no toman en cuenta a la hora de evaluar estos siete años: ya no están en los organismos de regulación los regulados y eso es un cambio de fondo porque las políticas públicas, en muchos aspectos, ya no se definen en esos directorios donde antes votaban los empresarios, los dueños de grandes negocios y otros ‘poderes fácticos’ con claros intereses.
Si se revisa, además, el presupuesto general del Estado bastaría para comparar las prioridades de anteriores gobiernos con lo que ha pasado este tiempo: la prioridad era pagar la deuda externa y el gasto corriente. Ahora, además de que se financia con los impuestos, la dirección apunta a la inversión social en toda su extensión y complejidad. Algunos creían que se elegían gobernantes que llegaban con un programa político de largo plazo, con argumentos propios, pero en realidad los ministros eran nombrados por las cámaras de la producción y hasta llegaban bajo la sugerencia de editoriales y medios, para cumplir una agenda completamente distinta a la ofrecida por el candidato triunfador.
Y finalmente, como se podrá comprobar en algunas acciones y políticas, los más afectados o resentidos son esos grupos económicos, que no se expresan directamente sino a través de determinados editorialistas.
Pero para consolidar ese cambio real de las transformaciones sociales hace falta más poder popular. Y eso exige un complejo proceso que no va a ser liderado necesariamente por las organizaciones políticas que ahora se declaran opositoras, pues su objetivo es otro, sino que les corresponde a la llamada sociedad civil, a las comunidades y a sus gremios, en los territorios, intensificar su presencia.
Si el ciclo iniciado en 2007 ha colocado al Ecuador en este sendero, hace falta que la fase siguiente busque profundizar el cambio de relaciones de poder y la efectiva participación ciudadana, construyendo una plena democracia.
