Hasta diciembre, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) prevé desembolsar cerca de $ 11 millones para los bonos de alquiler, acogida y alimentación, destinados a las familias afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril que sacudió a Manabí y Esmeraldas.

Así lo dio a conocer ayer la titular de esa cartera de Estado, Lídice Larrea, quien indicó que los recursos provienen de apoyo internacional. Los bonos de alquiler y acogida son financiados a través de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En tanto que los de alimentación están cubiertos por  la donación que el Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) hizo al Estado ecuatoriano.

Al momento -expresó Larrea- el MIES ha entregado 6.000 bonos, beneficiando a más de 3.200 familias afectadas, y se espera que se incremente la cifra, dado que hoy finalizan las inscripciones para el Registro Único de Damnificados (RUD), proceso liderado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).       

Según datos preliminares, existen aproximadamente 65 mil fichas de inscripciones, pero la Ministra aclaró  que se han detectado casos de doble inscripción, por lo que la cifra aún está en revisión.

El INEC tiene que hacer el levantamiento de la información para posteriormente trasladarla al Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, que se encargará de depurar los datos para entregarlos al MIES.

“Eso no quiere decir que todas esas personas vayan a acceder o solicitar algo. Son personas que fueron registradas para cualquier tipo de beneficios del Estado, sean bonos o créditos”, precisó.

Quienes solicitan el bono de alquiler reciben $ 150 mensuales durante 6 meses. Mientras que por alimentación se entrega $ 100 mensuales por 3 meses.

Para registrarse en el RUD los interesados pueden acercarse a las sedes distritales del MIES. También pueden consultar comunicándose al teléfono 1-800-002-002.

Artesanos de dos provincias se promocionan en Quito

La “Ruta Artesanal Solidaria Manabí-Esmeraldas” hará su tercera parada en Quito el próximo sábado 2 de julio. La feria se realizará de 09:00 a 17:00 en el parque Las Cuadras, al sur de la capital.

El evento tiene como finalidad promocionar y comercializar productos de más de 40 pequeños productores y artesanos de las provincias afectadas por el terreno del pasado 16 de abril.

De esta manera también aporta con la reactivación productiva de esas zonas, comentó ayer el ministro de Industrias y Productividad, Santiago León.
Los asistentes podrán disfrutar de la gastronomía de ambas provincias.

En la edición anterior, efectuada en Guayaquil el 18 de junio, las ventas generaron a cada productor ingresos de más de $ 200, valor que en muchos casos logran obtener en un mes, recalcó León. La próxima parada de la “Ruta Artesanal” será  Cuenca (Azuay), el 16 de julio.

De su lado, la ministra Larrea destacó el involucramiento de la empresa privada en la iniciativa del Gobierno Nacional.

La visión fundamental de la feria -precisó Larrea- es generar oportunidades y fortalecer las capacidades de los actores de la economía popular y solidaria (EPS). Adicionalmente, León se refirió a las acciones emprendidas en el ámbito económico dentro de las zonas devastadas por el sismo.

Recordó que a través de BanEcuador se han entregado 1.260 créditos de reactivación productiva por $ 10,2 millones, reiterando que esa dinámica continuará.

En los más de dos meses transcurridos a partir del terremoto, la banca pública y privada dejó de cobrar en las dos provincias (Esmeraldas y Manabí), alrededor de $ 200 millones. En algunos casos por reestructuración de créditos, condonación de deudas o aplazamiento de cobros, señaló el Ministro. (I)

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En la población de Jama (Manabí)

4% de afectados tiene algún tipo de discapacidad

La “Red en acción”, constituida por 6 organizaciones sociales, presentó ayer un informe sobre la situación que se registra en las provincias afectadas por el terremoto del 16 de abril. Techo Ecuador realizó una encuesta a 2.780 hogares de 4 cantones: Jama, Sucre y San Vicente, en Manabí, y Muisne, en Esmeraldas. Ahí pudo constatar que en el 81% de viviendas existe afectación estructural.

“El 60% indicó que su vivienda estaba destruida y era irrecuperable, mientras que el 21% tiene impactos estructurales importantes, aunque es habitable”, dijo Juan Pablo Argüello, representante de Techo. Este estudio indica además que ambas provincias, según el censo del INEC en 2014, figuran como las de mayor déficit habitacional y menor cobertura de servicios en comparación al porcentaje nacional.

De acuerdo a ese censo, antes del terremoto Manabí tenía el 54% de la población con necesidades básicas insatisfechas, mientras que en Esmeraldas el 56,3% compartía esta dificultad. “Esta situación representa un verdadero desafío en provincias que previo al terremoto se encontraban un 20% por encima del porcentaje nacional de pobreza por necesidades básicas insatisfechas”.

Por su parte Wilson Merino, director de la Fundación Cecilia Rivadeneira, mostró un estudio enfocado en albergues del cantón Jama, donde se estableció que más del 50% de los afectados perdió su fuente de ingreso. El 60% de la población está en sitios oficiales. “Los albergues informales no dan garantías de seguridad y eso preocupa porque ahí están más expuestos a situaciones de violencia incluso sexual”.

Merino mencionó que el 65% de familias no tiene papeles de sus propiedades, lo que les dificulta incluso acceder a los beneficios que impulsa el gobierno. (I)