La ministra de Inclusión Económica y Social (MIES), Lídice Larrea, constató ayer la atención a las personas que se acercan hasta la oficina distrital en Portoviejo.

En el diálogo con los ciudadanos recalcó que todas las personas registradas pueden ser beneficiarios del bono de acogida (apoyo económico a quienes den vivienda temporal en casas de acogida o de arriendo).

Hasta el momento, personal de la cartera de Estado verifica  la información que dan quienes ya se inscribieron.

Carolina Alonzo, quien llegó con su mamá Elba Bernal también damnificada por el terremoto del 16 de abril, respondió las preguntas y permaneció en el lugar haciendo los trámites.

Larrea, quien efectuó ayer un recorrido, afirmó entre varios detalles que a la fecha  son 350 bonos entregados a familias acogientes. “Se siguen sumando, hay personas que ya se han acercado a cobrar este beneficio. Día a día siguen ingresando más personas”, precisó la funcionaria.

Vanessa Arteaga se acercó a una de las ventanillas de BanEcuador en la capital manabita a retirar $ 150 ($ 135 más $ 15 por servicios básicos que serán mensuales).
La mujer, luego del movimiento telúrico, acogió a su abuela Aura Moreira que se quedó sin vivienda en el sector El Mamey del cantón.

La ministra expresó que en el Registro Único de Damnificados (RUD) hay 7.400 familias (32 mil personas). Esto es hasta un corte que se hiciera antes de la segunda réplica. El incentivo se da al núcleo familiar.

“El RUD se sigue alimentando porque luego de la réplica tuvimos muchas personas que están ingresando. Creemos que ya llegamos a una 9 mil familias en todas las provincias de Esmeraldas, Manabí y también Los Ríos”.

De acuerdo a Larrea “el MIES reconstruye hogares y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi)  reconstruye casas”.

“Para nosotros, el fortalecimiento de la familia como núcleo principal de la sociedad es prioridad. Las personas no pueden seguir viviendo en albergues. Estos se encuentran bien dotados, están bien asegurados, son espacios seguros, pero momentáneos. Es por esto que el Gobierno pone a disposición estos bonos de acogida o de alquiler donde el damnificado busca una familia para vivir con ella (allegado, vecino o amigo)”.  

El depósito se entrega al dueño de la casa ($ 150 durante seis meses) por acoger a damnificados o para que la familia sobreviviente alquile una vivienda. Se le pagará al dueño de ese inmueble que alquila  a $ 135. La diferencia entre ambos bonos es de $ 15 por servicios básicos. Aparte de esto, los damnificados en una forma directa recibirán un bono de $ 100 en efectivo para alimentación, tanto en las zonas urbanas como en las rurales.  

Albergues seguros

Recalcó que los albergues son sitios seguros, “no estamos obligando a salir de ellos”.

Mencionó que seis meses de esta compensación es un tiempo prudencial para que ya estén los planes habitacionales que desde el Miduvi se van a generar. “Si tuviéramos un retraso, esa familia no queda abandonada. El Gobierno siempre estará acompañando y buscará el mecanismo  para que se pueda pagar por uno o dos meses más el alquiler o la acogida de estos damnificados”, dijo.

Los bonos son paliativos y parte de una reconstrucción, refirió la ministra mientras era acompañada por la coordinadora zonal del MIES, Julieta Arboleda, y los  asambleístas Santiago Montenegro y Daniel Mendoza.

Indicó que se cuentan con los fondos necesarios para la previsión de estos bonos de reconstrucción que tienen que ver con el Miduvi y también en el tema de provisión de alimentos. (I)

DATOS

El Gobierno de Turquía compró alimentos, insumos de aseo, equipos eléctricos y otros con una parte de los $ 300 mil disponibles para donar a los damnificados.

A través de un comunicado, la delegación diplomática, con sede en Quito, detalló que adquirió 2 mil kits de alimentos (24,9 toneladas), 2 mil kits de materiales higiénicos y 60 congeladores.

También se agregan 20 refrigeradoras, 3 unidades de baño móviles (capacidad para 13 personas cada una) y 20 duchas móviles. La embajada no descarta dar asistencia en la reconstrucción.

En tanto, el Viceministerio de Acuacultura y Pesca y la Subsecretaría de Recursos Pesqueros trasladaron sus oficinas al Puerto Pesquero Artesanal de San Mateo, porque sus dependencias se dañaron. (I)