Según la directora (e) de Seguridad Vial del Cabildo, María José Corral, a diario se distribuyen 80 bicicletas eléctricas para el uso de los usuarios.

Dijo que las distribuyen en las 24 estaciones que tiene el sistema y, pese a que los usuarios no disponen de ellas, indicó que las 193 unidades están operativas. “100 unidades están para mantenimiento correctivo, 113 están de reserva para el rebalanceo y 80 están en vía. Si sumamos eso nos da 296 bicicletas”, explicó.

Sin embargo admitió que el mal clima de esta última temporada afecta a la distribución de estos vehículos, motivo por el cual deben retirarlos del sistema para evitar averías.

“Las bicicletas eléctricas también sufren daños por el clima que hemos tenido últimamente en la capital. Es decir que apenas empieza a llover, tenemos que retirarlas de las estaciones, procurando el bienestar y la integridad del bien público”, remarcó.

En cuanto al pronunciamiento de la Procuraduría del Municipio en la cual menciona que no es legal que ellos estén operando el sistema, expresó que se amparan en la resolución de su órgano rector, pese a no estar aprobada por el Alcalde de Quito.

Por ende -indicó- esperan un pronunciamiento del mismo para resolver este particular. “Nosotros hemos hecho todos los trámites correspondientes para que se pronuncie nuestro ente rector que es la Secretaría de Movilidad”, expresó.

El documento al que se refiere fue enviado el 21 de enero, sin que hasta el momento la Secretaría de Movilidad se pronuncie.

Para Laura Villacís, integrante del colectivo “Ciudad en Bici”, el sistema está completamente desperdiciado debido a: la implementación de ciclovías sin estudios; la falta de educación a la sociedad para respetar al ciclista y la falta de mantenimiento de sus unidades.

“El sistema podría ser una oportunidad muy grande para incrementar la comunidad ciclista y para empoderar a la gente para que vean a la bicicleta como una alternativa de movilidad real en la ciudad. Sin embargo, el sistema está desperdiciado y precarizado  porque no se ve una movilización digna con estas bicicletas”, señaló Villacís.

Similar criterio tiene Sofía Gordón, del colectivo “Carishinas en Bici”, quien además agregó que para que funcione el sistema se debe realizar un manejo técnico, algo que no ha ocurrido en esta administración.

“No hay personas que realmente conozcan el sistema, investiguen y sepan cómo se maneja, no solo que se cubra un hueco que ahora lo está haciendo la AMT. Existe ahora la dirección de transporte no motorizado dentro de la Secretaría de Movilidad y nos parece que ahí debe estar la gerencia del sistema de Bicicleta Pública, pero bien manejada y bien mantenida”, sostuvo.

La infraestructura es otro de los puntos que activistas como Jorge Espinosa del colectivo “Ciclistas Urbanos de Quito” cree que no ha recibido la atención requerida. “Eso es algo que no se ha dado, no vemos que exista mayor infraestructura en las calles. No se ve ni señalización vertical ni horizontal. No se ve una red de ciclovías que una a los distintos puntos de la ciudad y que haga de la bicicleta una alternativa de movilidad”, manifestó.

En la actualidad el sistema de Bicicleta Pública cuenta con 83 agentes de tránsito encargados de hacerlo funcionar. Eso implica el desembolso de $ 76.194 al mes en remuneraciones solo de las personas de cabinas encargadas de entregar las unidades a los usuarios: cada una gana $ 918. A ellos se suman 10 personas del área administrativa. (I)