La Procuraduría del Municipio de Quito determinó que “no es legal” el encargo que realizó la Secretaría de Movilidad, en abril de 2017, para que la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) administre el Sistema de Bicicleta Pública en el Distrito.

La resolución se ampara en que no fue aprobada por el alcalde Mauricio Rodas. Esta situación, según el concejal Carlos Páez, es ilegal y absurda. “Porque la AMT capacita a agentes para gestionar el tránsito en la vía pública, no para que estén sentados cuidando estaciones de préstamos de bicicleta”.

Confirmó que ahora existe el pronunciamiento oficial del Procurador Metropolitano, que justamente señala que “es ilegal, anti-técnico, caro y, aún así, sigue en pie”.

Esto explicaría los problemas que agobian a ese sistema desde hace más de un año, cuando los quiteños y usuarios en general de la Bicicleta Pública se enteraron de que 518 de 1.320 unidades convencionales se extraviaron.

Esa novedad, que ha implicado pérdidas para los bienes públicos de la capital, hoy por hoy no tiene responsables y el panorama no ha cambiado para los usuarios.

Hasta el momento tampoco se ha recuperado el valor invertido en estas 518 unidades a través del seguro, porque el reclamo se presentó fuera de tiempo y no se realizó el trámite individualizado de cada bicicleta.

A esto se suma que a inicios de 2018 también se conoció que las 300 bicicletas eléctricas adquiridas en 2015 en $ 3.000 cada una, están embodegadas en un galpón de la Secretaría de Movilidad, ubicada en el norte de Quito.

Hasta la fecha, tales vehículos no han sido distribuidos periódicamente en las estaciones del Sistema Bicicleta Pública para el uso de la comunidad.

Las bicicletas eléctricas fueron embodegadas tras un corto periodo en el que se las vio, en un número reducido, circulando. Esto, pese a que en 2018 las autoridades de turno señalaron que se esperaba la ejecución de un contrato de mantenimiento por $109 mil con una empresa externa, para que el servicio opere con normalidad. Sin embargo, este culminó el año pasado.

En un recorrido efectuado por un equipo periodístico de la Unidad de Investigación de los Medios Públicos, se evidenció que hasta el 28 de febrero pasado, en ninguna de las 24 estaciones del Sistema estaba disponible una unidad eléctrica.

Esta es una realidad con la que se topan diariamente los usuarios que solicitan alguna de las bicicletas. Aunque, voceros del Cabido sostienen lo contrario.

Concejales consultados coincidieron en señalar que la falta de mantenimiento es una de las principales causas para que esto ocurra.

“Más allá del altísimo costo, el hecho es que las bicicletas eléctricas siguen siendo un servicio raro en las estaciones de Bici Pública. La gran mayoría de ellas están dañadas, no hay mantenimiento preventivo y correctivo adecuados, por tanto significó un desperdicio de recursos que bien podían haberse aprovechado en otras cosas”, comentó uno de los consultados.

La Procuraduría del Cabildo estableció que “no es legal” el encargo para que la AMT administre la Bicicleta Pública. Foto: Cortesía Procuraduría Municipio de Quito.

Faltó un estudio adecuado y ahora el servicio es cuestionado

Para Frank Fuentes, secretario de la Unión Nacional de Ciclistas del Ecuador, la operación de las unidades eléctricas del Sistema de Bicicleta Pública no tuvo un estudio adecuado para su implementación y operación.

Añadió que a causa de ello se ha perdido una gran oportunidad para un verdadero proceso de automatización. “Definitivamente el tema de la bicicleta eléctrica, a pesar de haber podido ser una gran acción de la administración municipal hacia la ciudadanía, ha terminado siendo un gran fiasco”, indicó.

Consideró que las bicicletas adquiridas no eran las idóneas y las condiciones en las que se implementó tampoco, con lo cual se evidencia “el descuido y falta de prioridad en esta administración”.

Karina Durán, quien es usuaria frecuente, manifestó que el Sistema de Bicicleta Pública de Quito es una buena iniciativa para movilizarse en el hipercentro de la ciudad, pero la falta de mantenimiento de las unidades convencionales y la no inclusión de las unidades eléctricas, ahora afecta a la calidad del servicio en general.

“El servicio de mantenimiento es un poco malo. Algunas bicicletas tienen zafadas la canasta, los asientos no se aseguran bien, los frenos no funcionan”, describió.

Un criterio similar tiene Jorge Comina. Él ha utilizado el sistema durante seis años y contó que en los últimos nueve meses no ha visto ninguna bicicleta eléctrica. Tampoco sabe qué ocurrió con el ofrecimiento de extender el servicio al sur de la ciudad.

“Sería un éxito que la ruta llegue hasta el sur, porque hay muchas personas que utilizamos este medio de transporte, lo cual incluso ayuda a la salud”, destacó.

Un informe de la AMT dice que operan con el 64% de bicicletas

Los Medios Públicos revisaron el último informe de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) sobre la operatividad del Sistema de Bicicleta Pública. Allí se menciona que están trabajando con el 64% de las unidades, entre convencionales y eléctricas.

Añade que 193 bicicletas eléctricas están operativas en la ruta, pero estos datos difieren con el recorrido efectuado por Medios Públicos y el testimonio de los usuarios.

Sin embargo hay que recordar que el universo de bicicletas con las que contaba el sistema era de 1.320 unidades, entre convencionales y eléctricas. De estas, 518 convencionales son las que se extraviaron y 145 no estaban en condiciones operativas, lo que dejó al sistema con 613 para operar.

De esta última cifra y según el informe, hoy en día 393 bicicletas están a disposición de los usuarios, lo que se traduce en que solo sirve el 30,80% de las unidades adquiridas desde el inicio del proyecto municipal.

Esto significa que al tener pocas unidades, las mismas presentan daños frecuentes, lo que genera inconvenientes para los usuarios. (I)