El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) tiene previsto presentar mañana los balances generales a la Superintendencia de Bancos, después de que la Contraloría General del Estado (CGE) dispusiera reincorporar el rubro correspondiente a los valores adeudados por el Estado por prestaciones médicas.

Lo anunció ayer el presidente del Consejo Directivo del IESS, Richard Espinosa, durante una entrevista radial donde aclaró que si bien la Contraloría determinó que la deuda asciende a $ 2.878 millones “no todo corresponde al Estado”.

Al Gobierno Central, explicó Espinosa, le corresponden $ 1.968 millones. A esa cantidad hay que agregar $ 911 millones, cuyo pago atañe a afiliados, empleadores y al Estado.

Por pedido del IESS, la Contraloría realizó un examen especial para determinar si la institución procedió correctamente al eliminar de los estados financieros $ 2.527 millones correspondientes hasta septiembre de 2016.

El instituto justificó su actuación por falta de registros que sustenten las prestaciones brindadas entre 2001 y 2007. También alegó que los valores son incuantificables porque no existe el reglamento de la Ley de Seguridad Social que determine los mecanismos para el pago.

La Contraloría concluyó que la carencia del reglamento no debía ser un impedimento. Es así que, además de recomendar la restitución de los $ 2.527 millones, el IESS debe sumar $ 351 millones por prestaciones de octubre de 2016 hasta el 20 de junio de 2017. Así es como determinó que la deuda total asciende a $ 2.878 millones.

“En adelante, según lo que dice Contraloría, entre lo que el Estado y afiliados tienen que seguir contribuyendo suman más de $ 600 millones anuales”, precisó Espinosa, al tiempo de reiterar que el seguro social procederá con las observaciones del órgano de control, aunque admitió desconocer cómo la CGE estableció el monto si no existen respaldos de, al menos, siete años.

En los próximos días exigirá al Ministerio de Finanzas los recursos señalados. Al respecto, el titular de esa Cartera de Estado, Carlos de la Torre, dijo a EL TELÉGRAFO que aún no ha sido notificado formalmente.

Adelantó que se estudiarán todos los elementos del documento de la Contraloría y sobre esa base se definirá cuál es el procedimiento a seguir, “en función de otras instancias a las que se pueda acudir para aclarar a la situación”.

El ministro destacó que se trata de una tema serio “porque están en juego una cantidad importante de recursos que son de todos los ecuatorianos”.

Antes de hablar sobre cómo se procedería con el pago, De la Torre señaló que primero se deberá llegar a una definición concreta de si existe o no la obligación por parte del Estado, precisamente porque el problema se originó por una falta de sustento de las prestaciones.

Todo dependerá de la evaluación que hará Finanzas con el apoyo de otras instancias. “Podrán salir otras cifras (diferentes al examen de la Contraloría) o, eventualmente, podría también determinarse que no existe obligación alguna”, explicó.

Si el Ministerio confirma que el Estado tienen compromisos pendientes con el IESS se procederá a establecer una hoja de ruta.

Por el contrario, si determina que no hay obligaciones lo hecho por Contraloría quedará como “una información que está abonando” en la situación, donde se busca “la mejor salida que convenga a los intereses de los ecuatorianos y los afiliados”.

El análisis que sugiere deberá ser hecho en conjunto con el IESS, idea con la que coincide Espinosa, quien expresó que ambas instituciones deberán estudiar los mecanismos de pago en apego a la ley.
Espinosa y De la Torre también concuerdan en la necesidad de aprobar el reglamento de la ley para evitar nuevos contratiempos.

Para Manuel Vivanco, exmiembro del Consejo Directivo del IESS, el examen corrige un error administrativo contable que no restó recursos a la institución, pero la dejó en una situación de dificultad al haberse eliminado el asiento contable de un activo.

Además opinó que para proceder con el pago, el Gobierno podría cancelar una parte en efectivo y el resto  “a través de bonos del Estado, certificados de tesorería o cualquier otro documento de obligación financiera legalmente permitido”. (I)