En la última década, la presión fiscal creció de 10% a 14%, no precisamente por una mayor carga impositiva, sino por la consolidación de una cultura tributaria responsable con sus obligaciones.

Así lo describió Leonardo Orlando, director del Servicio de Rentas Internas (SRI), quien mencionó que el 92% de ese incremento en la recaudación proviene de la eficiencia, mejor gestión y el combate al fraude, siguiendo los lineamientos que proporcionó, desde el inicio de su administración, el presidente de la República, Rafael Correa, en materia de política tributaria: “cobrarles a todos, sin excepción, principalmente a los grandes evasores del país”, recordó.

De acuerdo a cifras oficiales, entre 2007 y 2016 la recaudación tributaria pasó de $ 5.362 millones a $ 15.489 millones. Este último dato corresponde a la pro forma del Presupuesto General del Estado (PGE) presentada en octubre de 2015.

Esos rubros guardan relación con el aumento del número de contribuyentes, el cual pasó de 627.000 en 2007 a 1’900.000 en 2016; es decir más de 1’200.000 personas empezaron a declarar regularmente al fisco durante este lapso.

Los sectores empresariales, sin embargo, aseguran que existe una ‘excesiva’ carga impositiva y un abultado número de reformas tributarias que generan ‘incertidumbre normativa’, por lo que insisten en la eliminación de impuestos.

El 27 de septiembre, en un foro sobre actualización tributaria, Pablo Aguirre, experto de la firma PwC, aseveró que se emitieron 60 reformas tributarias entre enero y septiembre de este año. Ahí agrupó leyes, circulares, resoluciones y reglamentos de aplicación.

“Tantos cambios en la normativa sí generan un ámbito de incertidumbre. Dado que las modificaciones son permanentes, a veces, su aplicación no resulta fácil”, dijo Aguirre. Subrayó que el peso de las resoluciones “es el control fiscal”.

Orlando precisó que, en lo que va del año, se han efectuado solo 3 reformas tributarias a través de la Ley para el Equilibrio de las Finanzas Públicas (en abril); la Ley Orgánica de Solidaridad (en mayo); y la Ley de Incentivos Tributarios. Recordó, además, que la segunda normativa  surgió de la emergencia causada por el terremoto del 16 de abril incrementando, temporalmente, 2% del impuesto al valor agregado (IVA).

Durante el tratamiento de la última ley, el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), Richard Martínez, insistió en que el sector productivo no busca más incentivos sino ‘mayor claridad’ y estabilidad normativa.

“Las normas tributarias responden a las realidades del comportamiento de los contribuyentes, necesidades fiscales de un país, corrección de abusos, distorsiones, prevención de fraude y también a un contexto de generación de incentivos”, explicó Orlando, quien rechazó las aseveraciones que pretenden confundir a la ciudadanía y posicionar un mensaje malintencionado de que los impuestos son algo negativo.

“Sin una cultura tributaria rigurosa, la condición actual del país, con la caída de los precios del crudo, sería “muy dura”, dijo. El 97% de los ingresos del Presupuesto General del Estado son “ingresos permanentes”, compuestos principalmente por impuestos.

Según el funcionario, con los ingresos generados por los tributos, el Gobierno obtiene recursos para cubrir los gastos permanentes y, en algunos momentos, hay excedentes para financiar la inversión. (I)