El Gobierno socializó ayer  aspectos que integran el plan para la reactivación y remediación de las ciudades de Zaruma y Portovelo, en la provincia de El Oro, afectadas por las actividades de la minería ilegal.

En el evento realizado en la Universidad Católica de Quito se pusieron en evidencia varios aspectos que conllevan esta actividad que produce efectos sociales, ambientales, incluso delictivos.

El ministro del Interior, César Navas, recordó que tras el estado de excepción decretado en Zaruma, luego del colapso de una parte de la infraestructura de una centenaria escuela en el corazón de la urbe, el presidente de la República, Lenín Moreno, dispuso la creación de un comité, integrado por varias carteras de Estado, para la remediación y reactivación de la zona.

Este plan requiere una inversión de $ 57,6 millones y será financiado por el Gobierno Central y los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). Contempla elementos de fomento de la producción, desarrollo urbano, apoyo a la realización de actividades turísticas y de comercio, entre otros.

El alcalde de Zaruma, Jhansy López, aplaudió la propuesta del régimen, pero cuestionó la demora en la aplicación de esta iniciativa, pues ha transcurrido más de un año desde que se abrió el socavón bajo la escuela La Inmaculada.

“Necesitamos que los planes se ejecuten de forma inmediata, que se puedan conocer en territorio los diferentes proyectos con presupuesto y cronograma de trabajo (…) necesitamos que las actividades de remediación y recuperación puedan ser puestas en marcha ya”, acotó  el burgomaestre.

Por otra parte, dijo que Zaruma contaba con un hospital, pero que por el riesgo de los efectos de la minería ilegal bajo el área urbana fue evacuado y rechazó que en el plan se pretenda fusionar la casa de salud con una del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

“Hay la propuesta de unificarnos con el IESS en una edificación nueva, pero esta no cubre las necesidades básicas del hospital. Es necesario un hospital nuevo”, recalcó.

En el evento también estuvo Manuel Maldonado, un minero artesanal que viajó desde la provincia de El Oro para contar su realidad.

Indicó que hay varios concesionarios de pequeña minería que incumplen normas cayendo en la ilegalidad. En cambio, los mineros artesanales no tienen concesión, pero deben trabajar.

“Esperamos que el Estado nos regularice, pero esos procesos se demoran años, mientras tanto el minero artesanal necesita llevar su sustento diario”, enfatizó el ciudadano.

Eva Valdivieso, ciudadana zarumeña, agradeció la intervención del Gobierno, pero  que es necesaria la ejecución efectiva del programa y que no quede únicamente en ofrecimientos.

“Las familias de la ciudad serán veedores del cumplimiento del plan de remediación para este cantón históricamente minero”, apuntó.

Las autoridades recalcaron que el Gobierno continuará con el combate a la minería ilegal, tanto en las localidades ya conocidas por la incidencia de esta actividad, como en los nuevos focos que se abren como el último en Buenos Aires (Imbabura) en donde se concentran mineros ilegales de todo el país. (I)