La minería en La Carolina y Lita, en Imbabura, y en El Goaltal, y Jijón y Caamaño, en Carchi, divide a la población. La Corte Constitucional (CC) desarrolló el miércoles 5 de junio la audiencia pública de sustenciación para atender el pedido de consulta popular en contra de la explotación minera.

Hasta el momento se presentaron 63 amicus curiae, un recurso para participar en el proceso y ayudar al juzgador a emitir de mejor manera su sentencia. Está previsto que se emita el fallo la próxima semana.

En las cuatro parroquias del norte del país se levanta el proyecto Cascabel, operado por la empresa SolGold para extraer cobre, oro y plata. Otras empresas en la zona son Codelco, INV Metals, Newcrest y Cornerstone.

A pesar de las ganancias económicas que se prometen, hay un grupo de pobladores, autoridades seccionales e instituciones estatales que están en contra.

Wilmer Meneses, quien se autodenominó procurador común de las cuatro parroquias, presentó el pedido en la Corte Constitucional. La pregunta que quiere que se califique es: ¿está usted de acuerdo con la explotación minera en los territorios de las comunidades asentadas en las parroquias de Lita, Carolina, Jijón y Caamaño, y Goaltal?

Aunque también tiene un pasado en esa actividad extractiva, Meneses afirmó en la sala de la Corte que “si seguimos con la minería, ya sea legal o ilegal, nos encaminamos a que no haya vida para la comunidad”.

Así como él, otro grupo de supuestos afectados mencionaron que existen inconvenientes en la agricultura, aunque no los mencionaron y develaron que tienen indicios de contaminación en el agua.

El abogado Jaime Bayas, representante de Meneses, sustentó el recurso, entre otras cosas, en el artículo 104 de la Constitución que establece que la ciudadanía puede solicitar la convocatoria del plebiscito de cualquier asunto.

Dentro del grupo que apoya la consulta popular está el prefecto de Azuay, Yaku Pérez, quien figura entre los que presentaron el amicus curiae para aquello. Lo hizo en representación de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas.

Incluso, la Defensoría del Pueblo instó para que se “acogiera el trámite para seguir la consulta”. Su representante, Harold Burbano, afirmó que “la Defensoría le dice no a la minería en el país porque viola derechos”.

Del otro lado, representantes de las cámaras de la producción, del Ministerio de Energía y Recursos No Renovables y de la Procuraduría General del Estado presentaron sus argumentos en contra de la consulta y a favor de la minería legal.

Ellos esgrimieron que la pregunta incumple el artículo 104 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Afirmaron, además, que la interrogante no tiene claridad ni considerandos introductorios y tampoco finalidad. Asimismo, consideraron que el tema minero no es de competencia de los gobiernos autónomos descentralizados sino del Gobierno central.

Documental denuncia tragedia de la minería ilegal

“El oro volador” es una producción audiovisual que revela las condiciones en las que viven los trabajadores en Buenos Aires (Imbabura), lugar que desde el año pasado se convirtió en un foco de minería ilegal.

Su autor, Franklin Soria, investigador y representante de la Agencia de Prensa Minera, califica la situación como “esclavitud” en la que se encuentran trabajadores ecuatorianos, venezolanos, haitianos y bolivianos.

“Los trabajadores no tienen seguridad de ningún tipo y trabajan en condiciones antisanitarias, sin servicios básicos y sin comunicación”.

Su documental, que fue presentado a las autoridades en diciembre de 2018, revela incluso que se explota laboralmente a personas con discapacidad, niños y mujeres.

En el marco del análisis de la consulta popular, Soria reflexionó: “sorprende que la consulta no sea en contra de Buenos Aires. Extrañamente es sobre las zonas contiguas a esa localidad”. (I)