La Empresa Nacional Minera (Enami) ya cuenta con 1.000 toneladas de mineral incautado para ser procesado y comercializado.
Ese producto fue decomisado en los operativos contra la minería ilegal que cumple la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y la Policía Nacional.

Solo entre 2018 y en lo que va de 2019 han sido incautados 1’284.776 kilogramos de material aurífero.

Todo el material será procesado y comercializado. Esa facultad fue otorgada a la Enami mediante el Decreto Ejecutivo 649, publicado el 28 de enero de 2019.    

El documento establecía 90 días para la expedición de una nueva normativa que dé paso a la comercialización de lo decomisado. Ese plazo venció el 29 de abril.

Según la Enami, se requieren cerca de $ 500.000 para realizar el procesamiento de las 1.000 toneladas retenidas. Ese rubro contempla además el transporte de ese material.

Juan Sebastián Medina, gerente general de la Enami, informó que de manera periódica se realiza la verificación “macroscópica” del material y su peso. Recordó que antes los recursos incautados se quedaban embodegados, lo que evitaba que haya más ingresos para el Estado.

Incluso, la Arcom tenía potestad para rematar el material mineralizado. En algunos casos, al no existir interesados, este producto bajaba de precio y era comprado por los mismos mineros ilegales.

El gerente general no entregó cifras de cuánto representaría la comercialización de lo derivado de las primeras 1.000 toneladas.
Pero sí se conoce a dónde ingresará el dinero. En el Decreto Ejecutivo se establece que esos rubros entrarán a una Cuenta Única del Tesoro Nacional. “Mientras hacemos eso, la empresa busca ser un ente de prevención de la minería ilegal”, subrayó Medina.

La posibilidad de aprovechar el material producto de actividades irregulares es bien vista por varios sectores.

Un grupo de ingenieros mineros consultados por EL TELÉGRAFO recomendó al Gobierno que ese dinero debe destinarse en beneficio de las comunidades cercanas a las minas ilegales. Por ejemplo, Carlos Peña cree que los rubros económicos ayudarían a dotar de servicios básicos a esas localidades del país.

Su colega Wilson Álvarez cree que es necesario promover campañas de concienciación para evitar la minería ilegal; mucho más, luego de que el Ejecutivo se planteara que el sector minero es clave para mejorar la situación económica del país.

El decreto generará dos impactos: que la Empresa Nacional Minera incremente su gestión y que la Arcom pueda tener mejores estrategias para el control. Así lo señaló el gerente general de la Enami durante una entrevista con este Diario en marzo pasado.

El dinero para las arcas del Estado también provendrá del remate de bienes embargados, como maquinaria pesada y vehículos.

Caso Buenos Aires

En Buenos Aires, parroquia de Atuntaqui ubicada al noroccidente de Imbabura, se concentra la mayor actividad de minería ilegal. Este yacimiento contiene oro y cobre. Según la Tenencia Política de esa parroquia, en ese lugar operan 8.000 personas.

Según las autoridades, esas actividades irregulares atrajeron a ese yacimiento la presencia de grupos armados y el cometimiento de delitos.

Por eso los controles aumentaron. Desde 2018 hasta la fecha se registraron 409 detenidos en Buenos Aires. De ese total, 333 fueron liberados y solo 76 están en prisión.

En ese mismo periodo se han incautado 22 toneladas de material minero, así lo informó la Policía local. (I)