Para Rosa Quismia, beneficiaria del Bono de Desarrollo Humano (BDH) desde hace cuatro años, la posibilidad de tener una tarifa más barata para comunicarse a través de la telefonía móvil, sería de gran ayuda para ella y su familia. “A veces  he tenido emergencias por la noche y no he podido llamar a mis hijos u otras personas. Cada día pongo un dólar de recarga a mi celular, pero  apenas me sirve para  una o dos llamadas”, expresó.

Frente a esta situación, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado (SCPM) planteó al Ejecutivo ampliar el mercado de telefonía celular en el país, con el propósito de incorporar a este servicio a 1’400.000  nuevos usuarios de los sectores con menos recursos de Ecuador.

Pedro Páez, titular de la entidad, destacó que la idea es que una buena parte de los nuevos clientes    disponga de teléfono celular; incluso, que los usuarios receptores de BDH puedan contar con una alternativa más barata. “Hemos recomendado que una parte del BDH se  destine como crédito de consumo de telefonía móvil de los operadores económicos no dominantes en el mercado, para aquellos beneficiarios del bono que voluntariamente deseen acogerse a este beneficio, a fin de mejorar las condiciones de competencia en el mercado de los servicios de comunicación móvil”, indicó Páez.

Además, destacó que esto tendrá un efecto importante en la reducción de la brecha tecnológica. “Hemos definido una nueva dinámica del mercado de telefonía celular, para enfrentar el reto de la innovación tecnológica inmediata que implica el tema del 4G, la expansión de Internet, sustitución de la telefonía de voz, etc.”.

En las telecomunicaciones, dijo Páez, hay un operador que tiene un 69% de la telefonía celular y la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder Mercado, a diferencia de la legislación norteamericana, no permite dividir una empresa para evitar los monopolios.

Para el analista económico Luis Rosero, la entrega de esta tarifa social de telefonía celular a los beneficiarios del BDH está muy bien, porque “es una forma de quitarle poder al operador dominante”.

Sin embargo, considera que esta propuesta debe revisarse en caso de que los beneficiarios de este bono tengan en el futuro problemas con el servicio de conexión celular. “Quienes son de clase media quizá  podrían ir a quejarse, pero para estas personas que son pobres se les va a hacer más difícil”, acotó, tras señalar que como  consumidores, estos nuevos usuarios podrían estar indefensos ante posibles abusos por parte de las operadoras de telefonía celular.  

En este marco, señaló que debe pensarse en una reforma a la Ley Orgánica del Consumidor y a la de Regulación y Control del Poder Mercado, que permita la división de las compañías. La legislación ecuatoriana actual de este campo, a diferencia de la norteamericana, impide dividir una empresa para evitar los monopolios.

Postura Conecel S.A.

Mediante un comunicado, la compañía de telefonía móvil Conecel S.A. (Claro), expresó que la propuesta de usar una parte del BDH como una especie de “tarjeta prepago”, en la que compitan los otros dos operadores celulares, es un sistema que “no cumplirá con mejorar la dinámica del mercado, ya que al excluir a  esta empresa (Conecel) se afectará y limitará la cobertura de un importante número de usuarios, al verse forzados a adquirir servicios de telecomunicaciones de las empresas con baja participación en el mercado”.

El comunicado agrega además que “un real y positivo impacto social tendría una focalización de los subsidios y el establecimiento, por parte de las propias empresas, de una “tarifa social” o tarifas preferenciales para ser aplicadas vía el bono de desarrollo, a los servicios que prestan todas las empresas de telecomunicaciones a nivel nacional”. “Para incentivar la competencia y beneficiar a los usuarios, el cargo de interconexión (transporte de llamadas de una red a otra) entre empresas celulares debe ser igual”, dicta el documento.