En entrevista exclusiva con los medios públicos, el director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Leonardo Orlando, compartió las últimas acciones de control emprendidas por la entidad y su visión acerca de los pedidos que actualmente analiza el Consejo Consultivo.

El sector empresarial ha solicitado la eliminación de la denominada ‘ley de plusvalía’, ¿cuál sería el impacto fiscal de este pedido?

El impuesto a la plusvalía no tiene fines recaudatorios. El éxito de esta medida es que no se recaude ni un solo centavo porque significa que se habrían acabado las prácticas especulativas. Nosotros creemos que se pueden ajustar ciertos elementos como el aporte a los fideicomisos inmobiliarios para el desarrollo del sector que estaba en el proyecto original remitido a la Asamblea.

Creemos que el fin y la medida son coherentes para controlar la especulación, pero estamos conscientes de que para ciertos segmentos la percepción ha generado una contracción de la demanda de departamentos y de casas. Realmente no hay un estudio de cuánto proviene esa contracción de la demanda atribuida a la ley, pero como lo ha manifestado el presidente Moreno, estamos prestos a los planteamientos sin perder el espíritu del combate a la evasión y especulación.

¿Y sobre la eliminación del Impuesto a la Salida de Divisas?

El impacto fiscal del ISD sería de $ 1.080 millones anuales, pero el impacto macroeconómico sería devastador. Hay que analizar mecanismos para apoyar a los exportadores porque este sector trae divisas. El ISD cumple un importante rol de regulación del flujo indiscriminado de divisas hacia el exterior y para el fortalecimiento de la dolarización.

¿A cuánto asciende la deuda tributaria registrada por el SRI?

El monto es de $ 4.379 millones con corte a esta semana. Hemos recuperado entre enero y agosto de este año $ 606 millones. Una vez que se llama al contribuyente a quien se le ofrece facilidades de pago si no tiene los recursos (y no responde), nos toca tomar acciones cautelares, embargos, retenciones de fondos.

Tenemos resultados positivos de juicios con importantes sumas de dinero que vamos a cobrar en lo que queda del año, en el orden de $ 1.600 millones. El 63% de esta cartera se encuentra en suspensión porque se discute vía judicial. Tenemos que destacar que los juicios, que antes tardaban siete años en resolverse, ahora se resuelven en menos de tres meses.

La institucionalidad del sistema tributario fluye. No en todos los casos tenemos la razón, pero en la mayoría, sí. En primera instancia, en 7 de cada 10 casos tenemos la razón. En los juicios, en promedio, el 80% son fallos a favor de la administración tributaria. Ésta precautela hasta el último centavo del impuesto que le corresponde no al Gobierno, sino a  la sociedad. En los próximos días publicaremos la deuda de cada contribuyente con su respectivo estado.

¿Qué lecciones dejaron los papeles de Panamá?  

La lucha contra la evasión fiscal promovida por la figura de empresas offshore no es reciente. Venimos con una política tributaria vigente desde 2008 con un concepto claro para aplicar  normas antiparaísos fiscales. Con los papeles de Panamá se confirmó el uso abusivo de los paraísos fiscales y de las offshore. (I)