El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las universidades públicas, finalmente se plasmó en las reformas a la proforma presupuestaria que el Ejecutivo envió a la Asamblea, luego de las observaciones realizadas.

En el documento se establece la restitución en la proforma 2019, de las asignaciones presupuestarias para instituciones de educación superior públicas correspondientes al ejercicio fiscal del año 2018.

Esta fue, además, una de las recomendaciones realizadas por la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, en su informe sobre el presupuesto del año siguiente.

El Ejecutivo atendió esta observación del Legislativo y envió las reformas en las que se indica que en la propuesta inicial enviada en octubre se destinaron $ 1.316,44 millones para las universidades públicas, mientras que en la modificación se contemplan $1.369,43 millones. Es decir, una diferencia de $ 53 millones.

El asambleísta Fernando Burbano, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, calificó como “positiva” la decisión del régimen de cumplir los acuerdos alcanzados con las universidades públicas y ejecutar la recomendación hecha por los legisladores de respetar el derecho a la gratuidad.

Homero Castanier, legislador del movimiento CREO y también miembro de la comisión, sostuvo que no solo es positiva la reestructuración del presupuesto a universidades, sino que es sobre todo “justa”.

Sin embargo, Castanier considera que si bien el Ejecutivo acogió algunas de las observaciones realizadas, no se tomaron temas de fondo. Adelantó que su bloque no apoyará la proforma presupuestaria en el debate previsto para la siguiente semana.

En lo que se refiere a la inversión en el sector de educación inicial y de bachillerato, el Gobierno aclaró que en la proforma inicial se contempló el incremento de $ 3.536 millones en 2018 a $ 4.102 millones en 2019, diferencia que permitirá destinar $ 247,8 millones para construir 61 nuevas unidades educativas y la repotenciación de unas 93 adicionales.

Además, se incluyó el incremento de 11% en asignaciones para alimentación escolar por un monto de $ 135 millones y otros $ 67 millones en la educación básica de jóvenes y adultos.

La Comisión de Desarrollo Económico emitirá su informe y será sometido a debate en el pleno. (I)

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Pago al fondo de pensiones también está incluido

Otro de los temas que causó preocupación en la Asamblea fue el de la transferencia de recursos por parte del Gobierno, por el 40% de monto de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Durante las comparecencias en noviembre pasado en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, señaló que el aporte estatal del 40% al fondo de pensiones debía ser de $ 1.240 millones al año. Sin embargo, Manolo Rodas, extitular del Directorio del Seguro Social, dijo que eran más de $ 1.700 millones.

La Asamblea observó que tanto el Ejecutivo como el IESS deberán establecer un mecanismo de pago durante el primer trimestre de 2019.

El Gobierno acogió la sugerencia  y dispuso al Ministerio de Economía asignar los recursos, con una validación previa de bases de datos del IESS, que establezcan el monto por cancelar. (I)