La Dirección Nacional de Espacios Acuáticos (Dirnea) trabaja en dos frentes para resolver varios problemas legales en el sector camaronero.

Uno, mediante el censo a las propiedades que hay en el   país dedicadas a esta actividad, con la finalidad de determinar el uso del suelo de las áreas que  pertenecen al Estado.

El otro frente es el proceso de regularización que concluyó en la provincia de Esmeraldas, continuará en Manabí, luego se desarrollará en el Guayas y Santa Elena, y  culminará   en noviembre en El Oro.

El capitán  de corbeta  Ricardo Rendón Meneses, jefe del Departamento de Reordenamiento Costero de la entidad, explicó que 10 técnicos (entre biólogos, acuacultores, ingenieros, entre   otros) se   encargan de levantar los datos.

Afirmó que a nivel nacional no se tiene información de unas 40.000 hectáreas de camaroneras.

“Precisamente por eso y por la necesidad de sincerar las cifras en las zonas de playa y bahía es que llevamos adelante el censo”, refirió.

El capitán manifestó que de la “provincia verde” era de la que menos datos había por la complejidad e inseguridad de la zona, pero se inició el trabajo con el    apoyo del Ejército y la Armada, y así se    pudo recabar la información.

Destacó la buena predisposición de las personas para atender a los técnicos y proporcionarles los detalles de la situación legal.

El paso por Esmeraldas dejó al descubierto que hay 26 camaroneras abandonadas que equivalen a 330 hectáreas,  80   producen con 3.100 hectáreas, 2 son construidas y tienen     cerca de 3 hectáreas y 2 de salojadas,  que estaban en zonas protegidas por el Ministerio del Ambiente y que suman 409 hectáreas.  Añadió que la mayoría de las 110 camaroneras esmeraldeñas no tiene el acuerdo ministerial para que funcione.

“108 camaroneras están sin este documento y   equivalen a más de 3.138  hectáreas. Con acuerdo solo hay dos camaroneras”, afirmó.

Cuando concluya  el trabajo en la región, la siguiente provincia en la que trabajarán es Manabí. De Guayas preocupa el gran tamaño a cubrir.

Sobre el futuro que les depara a aquellas   que no tienen sus documentos en regla,  informó que eso lo decidirá la Subsecretaría de Acuacultura.

El titular del Departamento de Reordenamiento Costero explicó que la regularización está prácticamente en la etapa final.

“Se estableció un plazo para la entrega de los documentos o que efectúen ciertos pagos pendientes. Si no cumplieron con eso ya no hay chance para seguir regularizándose”, puntualizó.

Rendón indicó que ya mandaron la información a Acuacultura y los que no entregaron sus papeles no obtendrán el acuerdo ministerial.

La labor de los técnicos en el territorio manabita se prolongará   aproximadamente hasta el 29 de junio.
Al finalizar  el proceso, la Dirnea entregará un certificado de uso del suelo, en el que   indicará al dueño en qué estatus se encuentra la piscina.

“Si está en zona de playa desde antes de 1999 se puede quedar, pero si fue construida posterior a eso deberá salir. Sería una camaronera ilegal. Estamos en el proceso de saber cuántas están así”, subrayó.

Hasta  marzo de 2012 hay 50.000 hectáreas en zona de playa y bahía que equivalen a  1.069 concesiones en personas naturales o jurídicas. Todas  tienen acuerdo ministerial.

Preocupa ley para manglar

El presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, José Antonio Camposano, expresó su preocupación por el proyecto de Ley de Defensa del Ecosistema del Manglar.

Aclaró que los empresarios e industriales  no están en contra de que se legisle a favor de esas zonas, sino   que se lo haga en base a cifras reales.

“El Ministerio Coordinador de la Producción hizo un estudio del sector camaronero en   2011, el cual reflejaba el total del hectareaje. Si hay alrededor de 52.000 hectáreas de salitrales en el país, en el cual se encuentran ubicadas las camaroneras, no hay esa afectación de la que se habla en el proyecto”, acotó.

Una delegación de 80 productores, junto con el titular de la cámara, asistieron a la Asamblea Nacional para reiterar su postura frente al proyecto de ley que busca regular las concesiones en  zonas de manglar.

El gremio expresó su malestar frente a algunos artículos de la norma que es analizada entre los legisladores, por considerar que atentan contra el derecho a trabajar.

Desde la Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar, instancia que agrupa a organizaciones de los Pueblos Ancestrales del Ecosistema Manglar, aplauden la forma de cómo los asambleístas han planteado el debate en defensa de sus derechos y exigen que se mantenga el espíritu de la propuesta de Ley.