Las instituciones de finanzas públicas y comunitarias estarán, a partir de hoy, reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (Seps).

Son más de 3.000 las instituciones que deberán acogerse a un nuevo marco normativo, de regulación y de manejo interno de cooperativas, bancos comunales y cajas de ahorro.

Las bases de datos de las organizaciones de economía popular y solidaria, en su mayoría cooperativas, que estaban inscritas en el Ministerio de Inclusión Económica y Social (Mies), fueron traspasadas a la Superintendencia.

Doris Soliz, ministra de Inclusión Económica y Social, informó que la Cartera de Estado dejó de registrar  para que entre en vigencia el nuevo modelo de Arquitectura de las Finanzas Populares y que ésta ejecute las funciones de ente regulador de las finanzas públicas.

En la lista depurada por el Mies constan no sólo las cooperativas de ahorro y crédito, también 417 cooperativas de vivienda, 1.839 de transporte, 95 de servicios, 385 de producción y 78 cooperativas de consumo.

Además de una lista con más de 300 cooperativas que tendrán que ser dadas de baja por no presentar en los últimos dos años respaldos de su funcionamiento ni directivas.

Período de transición

La cifra exacta de cuántas organizaciones se registrarán y cuántos socios forman parte del sistema aún no se conoce y se establecerá cuando concluya el empadronamiento, dijo  Patricio Pérez, técnico del Mies.

El proceso de transición inicia hoy y concluirá en 30 días, plazo dentro del cual la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria recibirá los activos y pasivos de la Dirección Nacional de Cooperativas y del Consejo Cooperativo Nacional, así como la información de datos de las cooperativas.

A partir del 1 de noviembre se prevé la implementación del proceso de adecuación de los estatutos sociales de las organizaciones de economía popular y solidaria y el registro de todas las organizaciones del sector de finanzas populares.

Las entidades que se registren a partir de hoy se sumarán a un sistema que permitirá pagar el Bono de Desarrollo Humano y se ampliará el catálogo de microempresarios, quienes podrán integrarse al sistema de proveedores del Estado a través del portal del Instituto Nacional de Compras Públicas (Incop).