El juez federal Sebastián Casanello avanzó en las primeras medidas en la causa que se inició contra el presidente Mauricio Macri. El proceso se abrió por presunta omisión maliciosa en sus declaraciones juradas a raíz de que se conoció que el mandatario formó o forma parte de dos empresas radicadas en paraísos fiscales.

La denuncia fue presentada por el diputado del Frente para la Victoria, Darío Martínez, quien interpuso la querella al considerar que se cerraron las vías de investigación en el Ejecutivo y el Legislativo. El fiscal Federico Delgado impulsó la acción penal y pidió una serie de medidas para determinar si Macri incurrió en un delito al no mencionar estas empresas. Además, solicitó que se analice la actividad de esas compañías para ver si el gobernante u otros socios habrían cometido otros crímenes. En tanto, el abogado Eduardo Barcesat presentó una segunda denuncia ante los fiscales que investigan lavado de dinero, que será remitida a Casanello.

Desde el Gobierno respondieron. “No ha habido una omisión maliciosa de mi declaración jurada”, afirmó el presidente, quien dijo que estaba a disposición de los jueces. Además creará un fideicomiso con sus bienes.

El escándalo de las empresas offshore se inició con la filtración internacional conocida como papeles de Panamá. Entre esos documentos, uno reveló la existencia de una empresa radicada en las Islas Bahamas llamada Fleg Trading, de la que participaba Macri como vicepresidente, mientras que su padre era el titular. La empresa fue creada en 1998 a través de un estudio de abogados en Panamá y de otra firma de contadores en Uruguay.

Tanto Macri como su padre explicaron que la finalidad era invertir en Brasil, aunque nunca detallaron el motivo de la triangulación Uruguay-Panamá-Bahamas. El presidente aseguró que su padre declaró la empresa ante la AFIP, pero las declaraciones juradas que el Gobierno presentó a la prensa no acreditan esto. Tampoco mostraron pruebas de que la empresa se haya cerrado en enero de 2009, como afirmó el presidente, ni detallaron quiénes son los accionistas de esa compañía.

Los portavoces de Macri reiteraron que este no es accionista, ni recibió ninguna suma de dinero como vicepresidente y que por eso no tenía por qué incluirla en sus declaraciones juradas. De igual manera enviaron los papeles a la Secretaría de Lucha contra la Corrupción, que preside Laura Alonso, para que ratifique esta versión. Ella ya adelantó que el jefe de Estado no cometió ningún delito.

Una segunda empresa, radicada en Panamá, lo tiene a Macri como vicepresidente. Se llama Kagemusha y fue creada en 1981. Su objeto social le permite hacer casi cualquier actividad. El Gobierno no dio, hasta ahora, ninguna explicación sobre esta segunda sociedad, que tampoco figura en las declaraciones juradas del presidente.

A raíz de la imputación, Macri ofreció una amplia exposición en la Casa Rosada, en la que no se aceptaron preguntas de los periodistas. “Sé que hay una gente preocupada por esta denuncia de los ‘papeles de Panamá’. Estoy muy tranquilo. No soy accionista, como director no recibí ningún tipo de retribución. Hice las declaraciones juradas en forma correcta. Llevé estos papeles a la Oficina Anticorrupción. He cumplido con la ley y no tengo nada que ocultar”, reiteró.

“Me voy a estar presentando ante la Justicia Civil para pedir una declaración de certeza. No ha habido una omisión maliciosa de mi declaración jurada. Estoy a disposición de cualquier otro juez”, indicó el presidente.

El diputado Martínez ya envió los documentos de su denuncia a Alonso. El Congreso intentó avanzar en citar al presidente, pero el bloque que respalda al Gobierno rechazó esa posibilidad. En su denuncia, el congresista advirtió que ese tipo de empresas “se forman con el único propósito de lavar dinero”.

La denuncia se sorteó y recayó en el juzgado federal de Sebastián Casanello y la fiscalía de Federico Delgado. El juez le corrió vista al fiscal y este último preparó el requerimiento de instrucción en menos de 24 horas.

Delgado advirtió que “no se le escapa la relevancia institucional de quien devino imputado”. “No obstante, la actividad judicial de nuestro país se ve acotada a límites precisos: los de la ley vigente. En este caso, se habrá de determinar, como primer paso, si el señor Mauricio Macri omitió maliciosamente completar su declaración jurada”, señaló el fiscal, quien recordó que la figura penal se incorporó como parte de los compromisos internacionales de Argentina para luchar contra la corrupción.

Como segundo paso, el fiscal advirtió que debe establecerse “si la ‘vida social’ de las empresas infligió algún tipo penal y, en ese caso, si Mauricio Macri tuvo que ver con la puesta en movimiento de ese comportamiento societal”. (I)