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Los bancos europeos rechazarían a clientes estadounidenses por temor a sanciones de Washington si es que incurren en algún ilícito

El ICIJ no ha filtrado nada sobre Estados Unidos

El ICIJ no ha filtrado nada sobre Estados Unidos
Foto: Internet
09 de abril de 2016 - 00:00 - Agencias AFP y Prensa Latina

De China a Rusia, pasando por Argentina, Islandia o Reino Unido, las revelaciones de los ‘papeles de Panamá’ salpican a una serie de gobernantes y altos funcionarios del mundo. Pero hasta el momento no incluyen al mayor actor de las finanzas mundiales: Estados Unidos.

Apenas un puñado de estadounidenses ha sido mencionado por haber trasladado una parte de sus haberes a paraísos fiscales y empresas offshore con la ayuda del famoso estudio de abogados panameño Mossack Fonseca.  

David Geffen, magnate de la música y cofundador del estudio de cine DreamWorks, es mencionado en la investigación, pero ningún político, gran empresario o banquero ha sido vinculado al escándalo. “Hay muchos estadounidenses, pero se trata de simples particulares”, declaró Marina Walker Guevara, directora adjunta del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que coordinó la investigación periodística.

¿Quiere decir entonces que Estados Unidos es un modelo de transparencia financiera? Lejos de ello. “Eso no quiere decir que el país esté al margen del sistema offshore. Es incluso un actor importante”, responde Walker Guevara.

Su ausencia no es, pues, una prueba de respetabilidad y en principio podría explicarse por una cierta reticencia a recurrir a un país hispanófono, cuando están al alcance de la mano opciones más cómodas. “Los norteamericanos tienen tantos paraísos fiscales a los que pueden recurrir”, resume Nicholas Shaxson, autor de la obra de referencia ‘Los paraísos fiscales. Investigación sobre los estragos de las finanzas neoliberales’.

Las islas Caimán y Vírgenes, vecinas y anglófonas, vienen inmediatamente a la mente, aunque los estadounidenses que quieren mantener en secreto sus actividades no están ni siquiera obligados a abandonar el país. Estados como Delaware o Wyoming ofrecen, por unos centenares de dólares, la posibilidad de crear sociedades de fachada sin tener que identificar al propietario real.

Más grave aún, los bancos estadounidenses deben por cierto “conocer a sus clientes”, pero pueden pasar por alto esa obligación y abrir una cuenta a nombre de esas empresas offshore, garantizando así a sus verdaderos propietarios una discreción total.

El departamento del Tesoro estadounidense se comprometió a corregir esas fallas, que fueron utilizadas por traficantes de armas y drogas y que le valen a Estados Unidos el tercer puesto de la lista de territorios más opacos, según la ONG Tax Justice Network.

Hay más razones. Preocupado por los sonoros escándalos que involucraron a grandes bancos suizos, EE.UU. aumentó considerablemente estos últimos años su arsenal de lucha contra el fraude y la evasión fiscales y no duda en imponer pesadas sanciones a los infractores.

Según Shaxson, “a algunos paraísos fiscales les aterroriza la idea de tener clientes estadounidenses porque saben que ese país tiene la capacidad de hacerles daño”.  
Washington se enfocó particularmente en los bancos suizos, que ahora aceptan a los clientes norteamericanos a regañadientes por temor a incurrir en incumplimientos y exponerse a graves sanciones.

Precisamente por haber ayudado a clientes estadounidenses a eludir al fisco, UBS y Credit Suisse fueron multados con $ 780 millones y $ 2.600 millones, respectivamente.

A pesar de estas explicaciones, el escaso número de estadounidenses involucrados alimentó la tesis de que la filtración habría sido orquestada por la CIA para desestabilizar a algunos países, sobre todo a Rusia, una tesis que ha sido apoyada por el presidente de ese país, Vladimir Putin y WikiLeaks.

A eso se suma que el portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner, admitió que la Usaid, agencia norteamericana de cooperación internacional, financió al ICIJ. Mossack Fonseca aseguró que sus servidores fueron atacados desde el extranjero. (I)

REACCIONES

El presidente francés, François Hollande, animó “firmemente” a Panamá  a que “responda las demandas de información de las autoridades fiscales francesas”, informó París. El mandatario llamó por teléfono a su homólogo panameño, Juan Carlos Varela, a quien le “insistió sobre el respeto de los compromisos adoptados por los Estados para instaurar, lo más rápido posible, un intercambio automático de datos entre las administraciones fiscales”.

Varela, por su parte, ratificó “el compromiso de la República de Panamá de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos”.

Mediante un decreto, el ministro de Finanzas, Michel Sapin, y el secretario de Estado de Presupuesto, Christian Eckert, “agregaron a Panamá a la lista de 2016 de Estados y territorios no cooperativos”, indicó en un comunicado el Ministerio de Finanzas.

Fiscales guatemaltecos incautaron documentos de un banco local como parte de una investigación por lavado de dinero que involucra a una empresa panameña, aunque descartó que el hecho tenga relación con la revelación periodística.

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El miércoles será la reunión

Comisión de Fiscalización investigará

La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea se reunirá el miércoles para analizar los ‘papeles de Panamá’. La presidenta del organismo, María José Carrión, informó que ya han pedido documentos al Servicio de Rentas Internas (SRI) en torno a las declaraciones tributarias de las personas que han sido mencionadas en la lista.

También solicitaron a la Contraloría las declaraciones juradas, así como los controles que realiza la Superintendencia de Compañías y la de Bancos.

El miércoles se determinará si habrá comparecencias. “Nos sorprendió que en el país, recién se sepa públicamente, que en el caso del precandidato a la presidencia de la República, Guillermo Lasso, han salido más de $ 100 millones y se ha conformado un banco en Panamá”, indicó Carrión, al manifestar que quieren conocer si se cumplieron los requisitos de ley para que ese dinero salga de Ecuador y si es lícito.

Respecto a un posible juicio político al fiscal General, Galo Chiriboga, quien ha sido mencionado en este tema, dijo que Andrés Páez tiene todo el derecho como legislador de plantearlo, pero el proceso tiene que cumplir ciertos pasos. (I)

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