Durante el debate del nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP), la Asamblea Nacional aprobó el Art. 301, que incorpora el delito de agiotaje (abuso de precios de las cosas), norma penal orientada a castigar a quienes incumplan con el pago del precio oficial del banano y otros productos agrícolas. La pena es de tres años de prisión y una multa de 10 salarios básicos unificados.

Las observaciones y propuestas fueron presentadas por la asambleísta orense y actual vocal del Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL), Rocío Valarezo, quien consideró la necesidad de crear el marco legal ideal para proteger a las personas dependientes del sector productivo.

Sin embargo, la dirigencia bananera de El Oro manifestó que no cambiaría en nada la vigencia de este nuevo delito penado, ya que el irrespeto al precio oficial se  seguirá dando, sobre todo en temporadas bajas. El precio oficial de la caja de banano de 41,5 libras actualmente es de $ 6,00.

Eduardo Morocho, vicepresidente de la Cámara de Productores de El Oro, indicó que uno de los grandes problemas que tienen los productores bananeros es no denunciar el incumplimiento del precio oficial. “Todos tenemos un contrato con alguna exportadora. El productor no denuncia por no atenerse a las consecuencias de las represalias que podría enfrentar al no poder embarcar su producto”, dijo Morocho.

El dirigente agregó que en la ley del banano ya se sanciona a los exportadores, sin embargo el incumplimiento sigue. “Lo que se debería hacer es designar inspectores para que verifiquen si cumplen o no”, añadió.  

La asambleísta Valarezo expresó que durante el debate “buscó beneficiar a una gran mayoría de personas, no solo de la provincia sino de todos los sitios donde se cultivan productos agrícolas”.

Afirmó que con la aprobación del Art. 301 se beneficiará a los pequeños y medianos agricultores que en reiteradas ocasiones se han visto afectados por exportadores o intermediarios. “Estos les pagan precios menores al oficial mínimo de sustentación”, aseguró.

Los asambleístas integrantes de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado valoraron la propuesta penal que dice en su Art. 301 Agiotaje: “Será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años y multa de cinco a diez salarios básicos unificados del trabajador en general la persona que no pague el precio oficial mínimo de sustentación establecido por el Estado para el banano, maíz, arroz o cualquier otro producto agrícola con fines de comercialización en el mercado nacional o extranjero”.

El dirigente de la Cámara de Productores fue enfático en decir que las denuncias de los productores ocasionarían más daño al propio agricultor, ya que sus contratos se podrían terminar.

Este medio acudió a la exportadora Banacali y OBSA, con sede en Machala, sin embargo sus directivos prefirieron no referirse al tema, pero aseguraron que acatarán lo dispuesto en el COIP, una vez que se ponga en vigencia.

Asociatividad

Con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap) pequeños bananeros independientes del cantón Machala, El Oro, se reunieron para lograr su organización y así fortalecer la actividad bananera en la provincia.

Gustavo Novillo, responsable del Área de Temática Asociativa del Programa de Desarrollo de la Productividad de los Pequeños Productores Bananeros del Magap (PDB), señaló que la iniciativa se realizó ante el pedido de diversos productores independientes, quienes desean conformar  una asociación que viabilice iniciativas de articulación productiva y comercial.

El PDB se implementó para mejorar la productividad y rentabilidad en las fincas de pequeños productores de hasta 30 hectáreas. La estrategia de intervención se basa en 4 ejes de acción: fortalecimiento asociativo y empresarial; asistencia técnica; financiamiento, a través de créditos; e investigación.