Uno de los temas que incorpora el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP), que está siendo tramitado en el pleno de la Asamblea Nacional, es el relacionado a los delitos económicos, que tipifica como delito el pánico económico y el pánico financiero.

Las dos figuras delictivas están consagradas en la Sección Octava, en los artículos 300 y 316, respectivamente. En el primer caso se sanciona con una pena privativa de la libertad de entre 7 y 10 años; mientras que en el segundo la sanción va desde los 5 a los 7 años.

Al respecto la asambleísta de PAIS Mariángel Muñoz, como  vocal de la Comisión de Justicia,  explicó que el delito de pánico financiero se trata de la divulgación de noticias falsas sobre cualquier institución del sistema que pueda generar retiro masivo de depósitos, y lo que se busca es “proteger al sistema financiero nacional, tanto público, privado y comunitario”.

“Art. 300. Pánico Financiero. La persona que divulgue noticias falsas que causen alarma en la población y provoquen el retiro masivo de los depósitos de cualquier institución del sistema financiero nacional y las de la economía popular y solidaria que realicen intermediación financiera, que ponga en peligro la estabilidad o provoquen el cierre definitivo de la institución, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años”.

El gerente de la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sur (Ucacsur), Juan Pablo Guerra, consideró que esta es una medida que debería ser apoyada por todos quienes son parte del sistema financiero, puesto que lo que se busca es garantizar el trabajo honesto que cumplen las instituciones y sancionar la mala fe de algunas personas que buscan hacer daño.

“Hemos tenido procesos en los últimos meses en donde personas inescrupulosas, sin ningún fundamento, sin ningún aspecto que tenga un fondo de veracidad, han efectuado comentarios en torno a la situación de entidades financieras, que ha causado, a veces la inconformidad y el pánico colectivo en algunos de ellos, ocasionando las famosas corridas de liquidez”, sostuvo.

Sobre esto, el superintendente de Bancos, Pedro Solines, explicó que se buscó tipificar el delito de pánico financiero luego de que el año pasado hubo rumores de este tipo y que se ratificaron en marzo, en plena crisis del Banco Territorial. Señaló que propagar rumores falsos ya es un delito, pero hacerlo sobre el sistema financiero es más grave.

Entre tanto, que el legislador y presidente de la Comisión de Fiscalización, Gabriel Rivera, señaló que dentro de la nueva normativa también se tipifica como delito el pánico económico, el cual se refiere a la falsedad de información  que busque causar daño a la economía ecuatoriana a fin de beneficiar a un sector.

“Art. 316. Pánico económico. La persona que, dentro  o fuera del país, publique, difunda o divulgue noticias falsas que causen daño a la economía nacional para alterar los precios de bienes o servicios con el fin de beneficiar a un sector, mercado o producto específico, será sancionada con pena privativa de la libertad de siete a diez años y multa de cien a doscientos salarios básicos unificados del trabajador en general”.

El legislador de CREO, Luis Fernando Torres, en su intervención en el Pleno de la Asamblea Nacional,  dijo estar de acuerdo en lo que es el pánico financiero, pero no así con lo del económico, ya que considera que lo establecido en la normativa legal podría convertirse en una forma de limitar las opiniones que se puedan dar respecto de la situación económica del país.

Sobre el tema, el legislador, Juan Carlos Cassinelli, explicó que  la tipificación de estos delitos en el Código, de ninguna manera busca castigar las opiniones, pero sí las afirmaciones que sean mentira, que podrían afectar al sector financiero nacional.

Posición que fue respaldada por el superintendente de Control de Poder del Mercado, Pedro Páez, quien manifestó que no se está afectando la libre expresión, al tiempo de sostener que han habido evidencias históricas, no solo en el país, sino en América Latina y en otras partes del mundo, respecto a la utilización política de temas económicos.