En el Día Internacional del Trabajo, que se celebra hoy miércoles 1 de mayo, sindicatos de trabajadores y organizaciones sociales marcharán por las principales ciudades del país para solicitar al Gobierno Nacional estabilidad laboral y respeto a sus derechos.  

En concreto, pedirán a la Asamblea Nacional que agilice el tratamiento del proyecto del Código Integral de Trabajo, que fue retomado por la actual administración del país, pero aún sin concreciones.

“Es una herramienta jurídica que permitirá tener las condiciones de trabajo y ratifica los derechos de los trabajadores”, indicó el presidente (e) de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Richard Gómez.

Además los trabajadores alertan a los legisladores sobre el proyecto conocido como Ley de Fomento Productivo II, cuyo envío al Ejecutivo estaba previsto para finales de abril. Temen que las reformas que se planteen en esta propuesta signifiquen un retroceso en derechos.

De su lado, Mesías Tatamuez, representante de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut), dijo que también expresarán su oposición a la firma de la Carta de Intención entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El documento sostiene que Ecuador debe aliviar la rigidez de los salarios para bajar los costos de producción. Allí, las autoridades ecuatorianas también reconocen que el país requiere una reforma laboral urgente que ayude a reducir la informalidad, en particular de mujeres y de trabajadores jóvenes.

Ambos sindicalistas piden al sector empresarial que “asuma la responsabilidad de traer sus capitales para invertir en Ecuador y generar empleo. Son más de $ 35.000 los que reposan en paraísos fiscales”, refirió Gómez.

Pero no todos se oponen a la flexibilización laboral. Héctor Delgado, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios del Ecuador, explicó que los emprendedores piden estas reformas, pero sin “abuso” al empleado. Solicitan políticas laborales que se ajusten a las realidades de cada negocio con figuras como la contratación por horas o que los tiempos de prueba sean más largos.

Leonardo Velasco, de 22 años, es servidor público, su mayor incertidumbre es tener que salir en cualquier momento del trabajo debido que tiene un contrato ocasional, le gustaría que exista un mecanismo que le permita tener estabilidad laboral, es padre soltero tiene un hijo de cinco años.

Profesionales como Solange Villegas, de 32 años, quien tiene licenciatura en Comercio Exterior, pugnan por una plaza de empleo, ella al término de sus estudio universitarios trabajó en una empresa relacionada a su profesión, a los dos años tuvo que renunciar por problemas relacionados con los permisos del periodo de lactancia. "Desde entonces no he conseguido trabajo, las empresas ponen límites de edad y es peor si no se cumple con los años de experiencia".

Los trabajadores privados también tienen sus quejas, José Cruz, de 29 años trabaja en la empresa privada, se ilusionó con las utilidades de este año, esperaba pagar deudas, pero en esta industria no pagaron utilidades.

José Hidalgo, director de la Corporación de Estudios para el Desarrollo, Cordes, cree que ambas partes (trabajadores y empresarios)  tienen algo de razón sobre la flexibilización laboral.

“Es inútil desconocer los abusos de la tercerización laboral, pero hay que dejar claro que los sindicatos representan a la minoría de los trabajadores formales y no a la mayoría desempleada”.

El analista considera que es necesaria una reforma laboral que tenga como objetivo la generación de trabajo. En ese contexto, cree en la flexibilización que permita el trabajo por hora o jornadas más cortas, siempre y cuando se garanticen los derechos de los trabajadores como la afiliación a la seguridad social.

Las cifras de empleo reportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) muestran un deterioro prolongado de los indicadores.

Entre marzo de 2018 y marzo de 2019 la tasa de empleo adecuado se redujo en 3 puntos porcentuales. “Cerca del 60% de la población económica activa son personas que tienen un trabajo pero en condiciones precarias y con ingresos menores al salario básico”, agregó Hidalgo. (I)