Fedatarios del Servicio de Rentas Internas (SRI), en compañía de miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, intervinieron seis locales del oeste de Guayaquil (cinco de venta de accesorios y repuestos de vehículos y uno de celulares), los cuales ya estaban prevenidos para que regularicen sus actividades.

En los operativos que se realizaron el  jueves se incautaron provisionalmente decenas de artículos que los propietarios o representantes de los establecimientos visitados no pudieron justificar su origen lícito.

Juan Miguel Avilés, director regional Litoral Sur del SRI, mencionó que la entidad continúa con el combate y control a la venta de productos usados o ilícitos en el territorio nacional.

Avilés informó  que el fin de semana pasado la entidad intervino en 93 locales en diversas partes del país. En 82 de ellos se procedió a ejecutar el control mediante compra simulada, estableciéndose que solo 20 cumplieron con la obligación de emitir y entregar comprobantes de venta. Mientras tanto, los otros 62 negocios fueron sancionados con la clausura.

A su vez, en 11 establecimientos se realizaron incautaciones debido a que sus propietarios o representantes no presentaron las facturas de adquisición de la mercadería que tenían en venta, agregó. "La ciudadanía pide estos procedimientos, por eso el SRI colabora con una política de Estado para erradicar estos lugares donde se venden productos usados o robados", dijo.

Aclaró que los contribuyentes de los locales sancionados tienen 30 días laborales para entregar los documentos que justifiquen la legalidad de la mercadería, caso contrario se procederá con la destrucción o donación de los artículos, dependiendo de su naturaleza.

El martes pasado el director general del SRI, Carlos Marx Carrasco, instó a la ciudadanía a denunciar a los establecimientos que expenden productos ilegales y que no emitan facturas.

"Lastimosamente hay ciertos contribuyentes que siguen incumpliendo las normas tributarias o venden sus mercaderías sin facturar, o lo que comercializan no tiene el sustento documental legal respecto a su origen lícito, lo que comúnmente se llama cachinería", enfatizó Carrasco.

Las acciones ejecutadas por el organismo de control se basan en la resolución 739 emitida para transparentar la comercialización de bienes usados, cuyo objetivo es garantizar que fueron adquiridos legalmente.