Tras un cruce de información, entre el Servicio de Rentas Internas (SRI), la Junta Nacional de Defensa del Artesano, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Ministerio de Relaciones Laborales (MRL), se detectó que 645 personas no cumplían los requisitos previstos en las diferentes leyes y usufructuaban de los beneficios de los artesanos.

Luis Quishpi, presidente de la Junta Nacional de Defensa del Artesano, detalló que de los 645 artesanos que tenían irregularidades ya se les revocó a 525 la calificación artesanal, perdiendo así beneficios tributarios y se les realizará un proceso de determinación de impuestos, lo que incluye multas e intereses, así como reliquidación de obligaciones patronales e inclusive con acciones penales.

Quishpi explicó que los requisitos para que una persona sea considerada como artesano es tener máximo un taller y un local comercial. También se califica el hecho de tener hasta 15 operarios y 5 aprendices, para así lograr la calificación de la Junta y obtener beneficios tributarios como contabilidad no obligatoria, 0% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y beneficios laborales como el no pago de los décimos tercero y cuarto y la no cancelación de utilidades de los fondos de reserva.

Según la información divulgada por el SRI, presuntos locales comerciales como el Palacio del Cinturón, que cuenta con 14 establecimientos, habrían estado en la categoría de artesanos con 129 empleados. Detalló que la entidad fue calificada como artesanal desde enero de 2012, por lo que estaría incumpliendo con la normativa para que sea calificado como artesanal. 

Ángela Amoroso, directora del SRI, dijo que debido a estas irregularidades existió una evasión fiscal superior a los $ 11 millones. “170 artesanos incumplen con el número de operarios y aprendices, teniendo una evasión de $ 4.636.074 y 496 artesanos tienen más de 3 establecimientos, con un perjuicio de $ 6.510.319".

Carlos Marx Carrasco, ministro de Relaciones Laborales, detalló que en su área de competencia también se hallaron anomalías. De los 645 se detectó que apenas 34 artesanos legalizaron el pago de utilidades, pero dentro de la nómina constan 29 artesanos y 575 personas en la parte administrativa, “hasta en la nómina de personal se ve que hay más administrativos que artesanos”.

Las irregularidades también se detectaron en el pago de los décimos, en donde apenas 66 personas legalizaron la cancelación del décimo tercero y 77, la del decimocuarto.

En el país existen 48 mil artesanos y por la relación de dependencia -según el IESS- existen afiliados a esta entidad 78.387 personas.

Víctor Hugo Villacrés, presidente del Consejo Directivo del IESS, indicó que la afiliación del artesano es obligatoria y deben aportar con el 20,60% de su remuneración o un aporte mínimo de $ 70, 04.

Villacrés anticipó que en algunas provincias se detectó que los artesanos no se afilian, “en Galápagos apenas existen 90 afiliados, pero su población es de artesanos en su gran mayoría, no entendemos porque no forman parte del IESS”. Villacrés dijo que con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal se puede sancionar la no afiliación hasta con la cárcel.

Amoroso recordó que este tipo de acciones se realizan para proteger a los artesanos que cumplen con todas las normativas.

Tras la detección de estas irregularidades, desde el 1 de septiembre se iniciará un proceso de recalificación del sector, el mismo que culminaría el 31 de diciembre. La recalificación será realizada en cada una de las juntas provinciales y cantonales de Defensa del Artesano, de acuerdo al último dígito de la cédula de identidad.