Pasajes, viáticos y servicio de guardería son algunos de los gastos que quedan restringidos para las entidades públicas en los próximos tres meses, excepto en las responsables de atender la emergencia sanitaria nacional.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió ayer, jueves 16 de abril, las directrices para la ejecución presupuestaria del segundo trimestre de 2020.

 Estas medidas se aplican a todas las entidades del sector público y, según el  MEF, buscan precautelar el uso eficiente de los recursos disponibles tomando en cuenta el impacto social y económico de la emergencia sanitaria en el Ecuador.

De este modo se acortan gastos por pasajes al interior y exterior del país, viáticos, materiales de impresión, mantenimiento y reparación de vehículos, maquinaria,  equipos, mobiliario, eventos oficiales, entre otros.

Por otro lado, se prohíbe el ingreso de nuevo personal a las entidades públicas; excepto en aquellos casos que sean por retorno de una comisión de servicios, licencias con o sin remuneración, o para reemplazar a alguien que salió en marzo.

Se delegarán funciones a personas ya contratadas para los puestos de nivel jerárquico superior que estaban vacantes, así como para cubrir las vacantes que quedaran por las desvinculaciones de funcionarios bajo contratos ocasionales o nombramientos provisionales programados hasta marzo.

Si se conceden comisiones de servicios o licencias sin remuneración, no se podrá contratar personal adicional.

Para los procesos de cierre, fusión, absorción y otros las entidades que asumen la competencia deberán terminar la relación contractual de los puestos del nivel jerárquico superior.

No se podrán realizar  procesos de capacitación, de consultorías o prestación de servicios profesionales.

Para optimizar aún más el uso del presupuesto, hasta el 24 de abril las entidades deberán  revisar y renegociar a la baja los contratos de arrendamiento de inmuebles.

Además deben coordinar con el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público la utilización de todos los bienes estatales disponibles. Se plantea como opción compartir los espacios físicos entre entidades.

Hasta esa misma fecha, las entidades deberán revisar los convenios suscritos con el sector público, privado y organismos internacionales para determinar si es necesario o no mantenerlos durante el segundo trimestre.  

Para el economista Larry Yumibanda estas medidas buscan un recorte presupuestario, sobre todo en el gasto corriente, para enfrentar las dificultades que afrontará el país este año. 

Considera que antes de que se produzca la expansión del covid-19 era importante esta reducción. “La optimización de compras públicas es una decisión que debía haber tomado el Gobierno muchos meses atrás”, comenta.

Yumibanda cree que la contratación de personal debe proceder solo si es necesario; y quienes no tienen tareas deben ser desvinculados.

El economista Jorge Calderón considera que estas decisiones son “propicias y saludables” para la economía. Pero advierte que se debe garantizar que los recursos que no se gasten se destinen a atender la salud y a la reactivación económica.  (I)

Presupuesto prioriza la emergencia
En las directrices de ejecución presupuestaria para el segundo trimestre de 2020 para el sector público, el Ejecutivo da prioridad a las entidades consideradas de primera línea de atención de la emergencia sanitaria. Es así que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobará de manera inmediata, sobre la base de un análisis caso por caso, todo tipo de reformas o asignación de recursos en función de las necesidades de entidades de salud, seguridad interna, defensa nacional, bienestar social y gestión de riesgos.

Estas instituciones quedan fuera de la revisión continua que hará el MEF a la ejecución presupuestaria de las entidades públicas para recortar los gastos que no están siendo utilizados durante la emergencia. Esta medida tampoco se aplica a aquellas entidades que deben precautelar la producción nacional de bienes de primera necesidad y consumo masivo, previa autorización del MEF.

Por otro lado, este cartera de Estado no habilitará movimiento de personal si estos son para incorporaciones de gente nueva que generen impacto o afectación presupuestaria a la institución. Sin embargo, funcionarios de otras instituciones podrán apoyar a las instituciones de primera línea en el proceso de atención a la emergencia optimizando el uso del personal existente en el sector público.

Aunque se suspenden las autorizaciones para el pago de horas suplementarias y extraordinarias para los trabajadores y servidores de las instituciones públicas durante el tiempo de aplicación del teletrabajo, esta medida no aplica a los profesionales de la salud y actividades relacionadas con la emergencia sanitaria. 

Por otro lado, las entidades o sectores que no intervengan directamente dentro de la emergencia, no podrán planificar, programar, certificar e iniciar procesos de contratación, para gastos permanentes y no permanentes. (I)