El Tribunal de Garantías Penales de Pichincha emitió sentencia condenatoria en contra de tres personas: dos de las cuales eran contadores de una empresa catalogada como fantasma y otra que se dedicaba a la compra y venta de facturas a gran escala en todo el país. Esta última se encontraba con prisión preventiva por este fraude desde 2018.

El caso de esquema de fraude fiscal fue denunciado por el Servicio de Rentas Internas en la Fiscalía (SRI). El organismo detectó que en este ilícito participaron más de diez empresas instrumentales y personas naturales de Quito y Guayaquil, quienes decían ser proveedores de una firma dedicada a la venta de insumos médicos a diferentes hospitales públicos de todo el país.

El SRI compareció al juicio en calidad de acusador particular, presentando más de 30 testigos y 80 pruebas documentales de la existencia de un delito de defraudación tributaria.

Los jueces penales de Pichincha condenaron a cada uno de los sentenciados a nueve años de prisión, a cancelar una multa de 20 salarios básicos unificados (SBU) y al pago de los tributos debidos.

El tipo penal por el que fueron condenados estos ciudadanos es la conducta recogida en el artículo 298, numerales 12, 14 y 15 del artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que criminaliza las transacciones inexistentes, tramas de empresas fantasmas y omisión de ingresos, cuyas penas son hasta 10 años de prisión, sin perjuicio del pago de los tributos realmente debidos.

Los sentenciados enfrentan otros procesos penales denunciados por el Servicio de Rentas Internas por fraudes similares por el uso de empresas instrumentales.

Como parte de su lucha contra la evasión y los actos de corrupción en Ecuador, el Servicio de Rentas Internas realiza continuamente procedimientos de control tributario e informa a la Fiscalía la detección de conductas de fraude fiscal, para que se inicien las acciones penales pertinentes. (I)