La pensión por invalidez y vejez que otorga el Seguro Social Campesino no será inferior a $ 100 y aumentará anualmente en el mismo porcentaje de incremento del Salario Básico Unificado (SBU).

Así lo expresa el único artículo del proyecto de Ley de Reformatoria a la Ley de Seguridad Social, enviado el jueves por el presidente de la República, Lenín Moreno, al titular de la Asamblea Nacional, José Serrano. El contenido del documento se hizo público ayer.

Contiene, además, tres disposiciones transitorias. La primera indica que quienes ya están percibiendo la jubilación verán reflejado el incremento a $ 100 a partir del siguiente mes de que la norma sea publicada en el Registro Oficial.

Segundo, en un plazo de 30 desde la expedición de la ley el Consejo Directivo del IESS tendrá que reformar su normativa interna. En el mismo tiempo la entidad hará los ajustes necesarios. Tercero, el IESS fijará los instrumentos técnicos y de procedimientos

El Ejecutivo justifica la necesidad de vigorizar al Seguro Campesino basado en un informe técnico actuarial que valida subir la pensión jubilar. 

El IESS sí notificó a Finanzas sobre la deuda

En tres semanas más, Richard Espinosa, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), presentará las pruebas de descargo solicitadas dentro de la evaluación que lleva la Contraloría General del Estado (CGE) con respecto a la deuda del Estado con esa entidad ($ 2.880 millones).

Ayer Espinosa adelantó algunos de esos elementos en una entrevista radial donde justificó sus decisiones asegurando que se actuó de manera técnica, que no hubo omisiones de su parte como sugiere Contraloría y que no hubo perjuicio a las arcas del IESS.

Dijo que tras recibir las recomendaciones de la Contraloría, el Consejo Directivo del Seguro suscribió un acta donde dispone a la Directora General que se deje sin efecto el movimiento contable de septiembre de 2016 y, además, notifique al Ministerio de Finanzas la conformación de una comisión para establecer formas de pago.

Cinco días después, manifestó Espinosa, las disposiciones del Consejo Directivo fueron comunicadas al contralor del Estado, Carlos Celi. (I)