El fortalecimiento del trabajo asociado y el fomento de emprendimientos productivos son los objetivos que busca la reforma a Ley de Economía Popular y Solidaria, que empezó a ser discutida la semana pasada en la Asamblea Nacional.

Uno de los ejes es que el Gobierno Nacional y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) podrán realizar aportes económicos destinados a la creación, implementación, desarrollo y ampliación de los emprendimientos de quienes son parte activa de la economía popular y solidaria.

Los aportes estarán destinados a emprendimientos económicos desarrollados por grupos de atención prioritaria; además se determina un capital de riesgo y la conformación de organizaciones mixtas; en este caso los gobiernos participarán en la conformación de capitales de riesgo y de organizaciones mixtas con de mecanismos legales y financieros.

No obstante, las inversiones del Estado deberán ser previamente acordadas, tanto en tiempo cuanto en forma y no podrán superar el 49% del capital social, a fin de procurar la desinversión en organizaciones de la que es miembro, a favor de las comunidades donde se desarrollen los emprendimientos.

Para el asambleísta René Caza, esta economía es un modelo alternativo, que se basa en la solidaridad y cooperación, además de privilegiar la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas de la comunidad.

Señaló que se trata de un sistema de emprendimientos autogestionados basados en el trabajo asociado de varias personas que son también propietarias, trabajadoras, gestoras de la empresa y beneficiarias plenas de los resultados.

Estas organizaciones tienen como particularidad la primacía del trabajo sobre el capital, la propiedad social de los medios de producción, la gestión democrática, con lógicas distintas a la tradicional competencia, la utilidad, el lucro o la ganancia que rigen en el libre mercado capitalista, aseguró Caza.

Recordó que la Constitución reconoce a la economía popular y solidaria como un cuarto sector dentro del sistema económico del país.

Sin embargo, sostuvo que es necesario, que dentro de las reformas se precise qué es economía solidaria y economía popular, es decir, se reconozcan las diferencias entre ellas y se promueva la economía del trabajo asociativo, con el fin de incentivar la realización de grandes proyectos, dejando de lado el criterio que la economía solidaria es una economía de pobres para pobres.

Mientras que el legislador Gozoso Andrade destacó la importancia del proyecto de reformas porque crea las herramientas para apoyar, fortalecer e impulsar al sector económico más pequeño y dinámico de la economía ecuatoriana.

Explicó que uno de los aspectos destacables es que se crearía un catastro público de las organizaciones jurídicas y personas naturales en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, así como un registro público en el Ministerio de Inclusión para las organizaciones y personas que son parte de este sector y que no quieran registrarse en la Superintendencia.

Además, como una forma de incentivo, tanto el Gobierno Nacional como los GAD podrán invertir capital de riesgo en las organizaciones mixtas de economía popular y solidaria.

Prevé, según el asambleísta, el trabajo asociado a través del cual los propietarios son, a la vez, trabajadores, es decir, son socios-obreros sin relación de dependencia, para lo cual el Ministerio del Trabajo deberá dictar la normativa correspondiente.

También señaló que otro de los puntos destacados es que habrá un fondo social con aportes y contribuciones de trabajo.

Finalmente, anunció que presentará algunas observaciones al proyecto, como el aumento a 5 salarios básicos unificados el monto que pueden manejar los artesanos y comerciantes minoristas para ser considerados como tales, sin que tengan obligaciones tributarias que no sean el impuesto a la renta. (I)

DATOS

La propuesta de reforma prevé que los supermercados y lugares de comercialización incorporen, obligatoriamente, una parte de sus estanterías a la exhibición de los bienes y productos de la economía popular y solidaria.

También se podrán crear cajas de ahorro y bancos comunales, además, de dotar del capital semilla a quienes sean parte de la producción.

El proyecto crea también el Comité Interinstitucional como rector de la economía popular y solidaria, el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, que ejecutará las políticas en esta rama; y, la Corporación de Finanzas Populares y Solidarias para otorgar el financiamiento y con ello desaparece la Dirección Nacional de Cooperativas.