La madrugada de este martes fue desarticulada una red que habría creado 64 empresas fantasmas, las cuales emitían facturas falsas a 5.954 clientes, dejando un perjuicio para el Estado de aproximadamente $ 200 millones.

El operativo se realizó en las provincias de Guayas y Santa Elena, donde fueron allanados 11 inmuebles y detenidas seis personas como sospechosas de defraudación tributaria, delincuencia organizada, lavado de activos, entre otros delitos.

Leonardo Orlando, director del Servicio de Rentas Internas (SRI), manifestó que durante meses se trabajó en las investigaciones de este caso denominado ‘Cabecilla’, considerado el más grande de los operativos que se han llevado hasta el momento en empresas fantasmas o de papel.

“Esto genera un perjuicio en el Impuesto a la Renta (IR) y el Impuesto de Valor Agregado (IVA) en alrededor de $ 200 millones solo de impuestos, sin contar intereses”, afirmó Orlando y señaló que el dato se desprende de los $ 600 millones facturados por las 64 firmas ficticias.

El funcionario informó que entre 2010 y 2016 se identificaron a 512 empresas fantasmas que registran 2.130 millones de transacciones ficticias a 15.719 clientes generando un perjuicio para el Estado, solo en capital es de $ 655 millones, de los cuales se han recuperado alrededor de $ 370 millones. En ese lapso la Administración Tributaria regularizó a más de 8.000 contribuyentes.

Explicó que la mayoría de estas empresas fantasmas es de sociedades y personas jurídicas, pero el delito fue migrando hacia un sistema de suplantación de identidad a personas de escaso nivel cultural o de ingresos socioeconómicos bajos.

El fiscal general del Estado, Carlos Baca, enfatizó que este es un importante caso de corrupción que fue detectado por el nivel de perjuicio económico para el Estado mediante el cometimiento de varios delitos.

“Si pensamos en la trama de corrupción de interés social como el de Odebrecht, esta utilización de facturas falsas para defraudar al Estado, el operativo realizado la madrugada de este martes representa 12 veces más que el caso de corrupción de la constructora”, dijo el ministro público.

Una de las formas de operación de esta red era el denominado ‘fraude carrusel’, mediante el cual si se pactaba emitir una factura falsa por $ 500.000, a cambio se depositaba en una cuenta esa cantidad de dinero. La organización delictiva recibía un porcentaje de, por ejemplo, $ 25.000 y se devolvía el resto.

“Para no encender las alarmas del SRI ante transacciones en efectivo se iba incorporando este tipo de procedimientos, sin embargo, a través de un proceso de años hemos sistematizado lo que hemos encontrado en los casos de auditoría y se ha logrado detectar este tipo de operaciones”, señaló el principal del Rentas Internas.

Entre las evidencias incautadas constan computadoras personales, tarjetas de memoria, chequeras, documentación de índole tributario y facturas, notas de crédito y comprobantes de retención.

El fiscal Baca indicó que no se descarta que puedan haber funcionarios en esta trama. Orlando, por su parte, advirtió que en las próximas semanas se harán nuevas divulgaciones. (I)