En poco más de 20 minutos de audiencia, la jueza Henny Barragán negó las medidas cautelares presentadas por el Gobierno para frenar la consulta popular en la localidad Quimsacocha, donde se prevé el desarrollo del proyecto minero Loma Larga.

Esta sentencia disminuye las posibilidades legales para la producción minera de este proyecto, donde habría un yacimiento de aproximadamente 3,3 millones de onzas de oro.

El viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, no se pronunció respecto a la decisión judicial. Sin embargo aseguró que acudirán a la Corte Constitucional (CC) para que declare si es válido o no el proceso de consulta popular convocada para el próximo 24 de marzo.

De acuerdo al calendario del Consejo Nacional Electoral (CNE), la propaganda para este proceso se inició el pasado 10 de febrero y concluirá el 21 de marzo.

Cecilia Tepán, habitante de la parroquia Victoria de Portete, ubicada en la zona de influencia del proyecto a cargo de la empresa canadiense INV Metals, dijo que no están de acuerdo con la realización del referéndum.

Según la ciudadana, esta consulta es impulsada por personas de otras localidades y que utilizarían el tema como trampolín político. “Nuestros derechos deben ser escuchados. No podemos perder los empleos ni los proyectos que se han desarrollado en torno a la educación, la salud, el riego”, afirmó la comunera.

Víctor Barreto, presidente del gobierno parroquial de San Gerardo, del cantón Girón y representante del colectivo Unidos por el Desarrollo, dijo sentirse preocupado porque la consulta popular es promovida en zonas alejadas del proyecto.

“Somos tres parroquias las que debemos decidir sobre nuestro futuro. Vivimos en sectores donde no hay trabajo, ni salud ni educación y el desarrollo de Loma Larga es una enorme posibilidad de desarrollarnos”, criticó el dirigente.

El Gobierno tiene un plazo de 72 horas para llevar el caso a la CC. (I)