La Corte Constitucional (CC) negó el pedido de dictamen previo de constitucionalidad de consulta popular sobre explotación minera en el norte del Ecuador.

Este jueves 20 de junio, después de una sesión de cerca de tres horas, la CC resolvió por unanimidad negar y archivar la propuesta de convocatoria a consulta popular porque no reúne los requisitos de claridad y precisión que la ley exige.

Wilmer Meneses, en representación de las comunidades afectadas, solicitó realizar una consulta preguntando si se está o no de acuerdo con la explotación minera en las parroquias Lita y Carolina en Imbabura; y Jijón y Caamaño y Goaltal en Carchi.  

Según un comunicado de la CC, la solicitud no tendría “claridad y precisión” en aquellas cuestiones relativas a la existencia de considerandos introductorios que permitan contextualizar las preguntas y la no inducción de las respuestas al elector.

A criterio de Natalia Greene, presidenta de la Coordinadora de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Ambiente (Cedenma), la resolución fue justa.

Aunque Greene considera que siempre se deben dar procesos de consulta y que se pueda limitar la actividad minera, la sentencia de la CC niega esta consulta por temas de forma, no de fondo. “Lo importante es que la Corte no da paso a la presión minera para que no exista la posibilidad de que alguien pregunte sobre temas de minería”, comenta Greene.

La activista considera que se deja la puerta abierta a que existan otros pedidos de consulta popular, ya sea en este caso de extracción minera o en cualquier otro del país.

En una entrevista previa con este diario, Andrés Icaza, vicepresidente de la Cámara de Minería del Ecuador, aseguró que debe prevalecer el deber del Estado de definir las actividades extractivas, pues la minería es un motor de la economía nacional.

“No pueden quitarle al Estado sus principales fuentes de ingreso por intereses políticos o cosas puntuales de una parroquia”, explica Icaza.

El gremio se mostró a favor de la resolución de la Corte. “Este será el primer paso para terminar con la incertidumbre e inseguridad que provocan este tipo de consultas”, dice un comunicado.

En esas cuatro parroquias del norte del país se levanta el proyecto Cascabel, operado por la empresa SolGold, para extraer cobre, oro y plata.

Se prevé que este genere una inversión inicial de $ 2.800 millones, 3.000 plazas de empleo directas e impuestos y regalías de $17.000 millones durante el tiempo de la vida de la mina.

De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas, se esperan inversiones del sector minero de alrededor de $ 3.800 millones hasta 2021. Hasta ese año se prevén ingresos por exportaciones por unos $ 3.660 millones.

Licencia ambiental en Río Magdalena queda sin efecto

El miércoles 19 de junio del 2019, la Corte Provincial de Justicia de Imbabura resolvió retirar la licencia ambiental otorgada al proyecto minero Río Magdalena.

La concesionaria de la Empresa Nacional Minera se encontraba en fase de exploración inicial y se ubicaba dentro del Bosque Protector Los Cedros, en la parroquia García Moreno, Cotacachi.

La resolución determinó vulneración del derecho a la participación de los pueblos ubicados en el área de influencia. Es decir que no se hizo una consulta previa a los afectados.

Como parte de la sentencia, el Ministerio del Ambiente y Secretaría del Agua deberán ofrecer disculpas públicas y reconocer la vulneración del derecho a la consulta de las comunidades.

Fred Larreátegui, abogado defensor de la comunidad, explicó que no se deben permitir actividades mineras en estas zonas porque ahí se conserva agua, suelo, flora y fauna. (I)