Participar en acuerdos entre empresas o actores económicos para competir deslealmente en el mercado es ilegal. Quienes confiesen su participación en estos actos acceden a exoneraciones de multas. La confesión será confidencial, así como el delatar al resto de participantes de estos acuerdos ilegales.

Danilo Sylva, superintendente de Control del Poder de Mercado (SCPM), destaca estos dos puntos del nuevo instructivo emitido hace tres semanas sobre el programa de delación que lleva a cabo la Superintendencia.

Con este documento se hacen varios ajustes a la norma ecuatoriana que existe desde 2011 en la Ley de Regulación y Control del Poder de Mercado. Lo que se busca es motivar a que los infractores confiesen.

¿Cómo funciona una coligación empresarial o cártel? Un ejemplo se da cuando en una licitación pública un grupo de empresas llega a un acuerdo para hacer que solo una de ellas gane. La elegida presenta una oferta con precios bajos frente al resto. Luego, como parte del acuerdo, las ganancias se reparten entre todo el grupo.

“Uno de los desafíos de toda autoridad de Competencia es destrabar los cárteles empresariales o aquella coligación de empresas que pretenden burlar la libre competencia”, indica Sylva.

Para identificar estas conductas anticompetitivas la autoridad de control realiza investigaciones que podrían tardar alrededor de dos años. Si se comprueba que se infringió la ley, la SCPM impone sanciones administrativas que van del 8% al 12% del volumen total del negocio de la empresa u operador económico infractor.

La Superintendencia refuerza actualmente su programa de delación justamente para que quienes participaron en estos acuerdos ilegales confiesen y ayuden a la autoridad a desarmar estos cárteles. Quien decida informar sobre los actos ilegales accederá a la exención o reducción de la multa.

El primer colaborador en aportar elementos de prueba se beneficiará del 100% de reducción de la sanción. El segundo recibirá un descuento de entre el 30% y 50% y el tercero accederá a una disminución de entre el 20% y 30%.

Los interesados deben solicitar una reunión confidencial con la Intendencia General Técnica para realizar una consulta previa o presentar una solicitud de exención o reducción de la multa.

“Se trata de un beneficio por ayudar a la autoridad a que se descubra que se cometió este tipo de infracciones”, apunta Sylva. Agrega que con el programa de delación se aportarán pruebas que disminuirán los tiempos y costos de las investigaciones.

 De ahí la importancia de la confidencialidad de la Superintendencia, asegura. “Nadie se enterará de que hay un delator hasta que se emitan las sanciones”.

Sylva cree que este programa no solo es una herramienta de detección y sanción, sino también de prevención con un efecto disuasivo para que otras empresas respeten las reglas del mercado.

La firma colombiana Avante Abogados asesora a Ecuador en la aplicación del programa de delación. Uno de sus socios, Juan Gutiérrez, explica que las licitaciones buscan generar un ambiente competitivo para elegir al mejor. Sin embargo, las empresas en ocasiones buscan mayor rentabilidad sin competir y caen en estas prácticas ilegales.

Gutiérrez comenta que en Colombia se aplica un programa similar desde 2009 llamado Beneficios por Colaboración. Hasta el momento, gracias a los delatores se sancionó a alrededor de 10 cárteles y varios casos continúan en proceso.

Los retos para fortalecer aún más la libre competencia son establecer sanciones penales para infractores, crear programas de indemnización de prejuicios y analizar los mercados digitales. (I)