La restitución del 40% de aporte estatal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) permitirá financiar el incremento de la pensión del Seguro Campesino a $ 100 y hacerlo sostenible por 26 años.

Sin la cuota del Gobierno, y manteniendo la pensión actual de $ 65,14, la sostenibilidad del fondo del Seguro Campesino duraría 20 años, según los estudios actuariales del IESS.

Así lo explicó Carlos Vallejo, director general del Instituto, quien compareció ayer en la Comisión de Derechos de los Trabajadores a propósito del proyecto reformatorio a la Ley de Seguridad Social que busca incrementar la jubilación del Seguro Campesino en $34,86.

Con la pensión vigente y sin el aporte estatal, el IESS desembolsa anualmente $ 63 millones a los jubilados.

Al aumentar el monto de la jubilación a $ 100 significa que el Seguro necesita $ 33 millones adicionales, pues los pagos anuales se elevarán a más de $ 96 millones. Esa cantidad se cubrirá con el aporte del 40% del Estado estimado en $ 38 millones.

El 21 de marzo la Corte Constitucional resolvió la inconstitucionalidad parcial de la Ley de Justicia Laboral, restituyendo la obligación del Gobierno con el IESS.

El cobro del aporte al fondo de pensiones surtirá efecto desde 2019.

“Con la reforma de la Corte Constitucional garantizamos y se establece plenamente, que este incremento (a la pensión) tiene la debida sostenibilidad y financiamiento por parte del Estado”, afirmó Vallejo.

A marzo de 2018 existen 76.698 jubilados, 383.798 jefes de familia afiliados al Seguro Campesino, los cuales tienen como dependientes a 690.897 personas.  

A la Comisión también fue convocada la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, con el fin de que explique de dónde saldrán los recursos del aporte solidario del Gobierno.

La funcionaria se excusó debido a la agenda que cumple en Estados Unidos con organismos multilaterales. En su lugar envió al viceministro Víctor Alvarado, quien no fue recibido oficialmente, pero mencionó que la gestión “está en trámite”. (I)