La ampliación del ámbito de investigación en torno al denominado caso 'Panama papers' es un asunto que preocupa a los asambleístas de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea, la cual el 11 de abril pasado fue designada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) como la encargada para iniciar con dicha indagación.

A principios de este mes el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló una lista de clientes de Mossack Fonseca, bufete panameño reconocido por manejar fortunas que migran de sus países de origen para evitar el pago de impuestos.

Al cabo de un año que tomó la investigación del ICIJ se vinculó a 600 personas entre jefes de Estado, políticos y futbolistas de fama mundial, de los cuales 3 son ecuatorianos: Galo Chiriboga, fiscal de la Nación; Pedro Delgado, expresidente del Banco Central del Ecuador; y Javier Molina, exasesor externo de la Secretaría Nacional de Inteligencia.

A partir de la difusión de los ‘Panamá Papers’ y divulgada a principios de este mes, distintos entes ecuatorianos han iniciado sus propias indagaciones para determinar si existe algún delito vinculado al lavado de activos, narcotráfico, crimen organizado o evasión fiscal.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) inició con su recopilación de información a finales del mes pasado y la Comisión hizo lo propio ayer, para lo cual recibió a Javier Bustos, catedrático en tributación de la Universidad San Francisco de Quito y al director de diario EL TELÉGRAFO, Orlando Pérez.

Durante el debate se destacó la importancia de ampliar el ámbito de investigación que tiene la Comisión, debido a que Panamá no es único paraíso fiscal y tampoco Mossack Fonseca es el único estudio jurídico que realiza este trabajo.

El asambleísta Christian Viteri también puso como ejemplo a Morgan & Morgan: “Lo que quiero decir es que Mossack Fonseca es solo un estudio jurídico de Panamá que se dedica a esto. Uno de los más grandes pero ni siquiera es el más grande”.

También explicó que para la evasión fiscal se están utilizando otras jurisdicciones que no están consideradas en la lista de 87 paraísos fiscales o regímenes fiscales preferentes por el Servicio de Rentas Internas (SRI) con los cuales Ecuador tiene suscritos convenios de intercambio de información como con Costa Rica y Uruguay.

En ese sentido la legisladora, Marisol Peñafiel, coincidió con Viteri en que el tema es más profundo que los ‘Panamá Papers’ y planteó que el informe que la Comisión presente no solo se refiera a la investigación del ICIJ sino sobre el manejo de paraísos fiscales y que se sobre esto se haga una solicitud formal al CAL.

“Las reflexiones deben ir en el marco de cómo juegan las reglas del mercado y cómo se crean y se fortalecen grandes capitales en desmedro del Estado y de los ciudadanos (...) que a través de la evasión fiscal quiebran a las economías locales”. (I)