El Servicio de Rentas Internas (SRI) informó que de 809.414 servidores públicos, 20.288 realizaron transferencias desde o hacia paraísos fiscales o países con menor imposición tributaria entre 2015 y 2016.

Las operaciones realizadas en países como Panamá, Luxemburgo, Puerto Rico, Andorra o Chipre suman $ 14’620.717.

Del monto, $ 845.000 fueron transferidos a 52 sociedades extranjeras y $ 13’774.817 a instituciones financieras o  personas naturales.

El SRI además cruzó su base de servidores públicos con la base de beneficiarios que reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) a través de los Panama Papers y obtuvo 14 coincidencias entre ambas listas. Su estudio indica que cinco funcionarios transfirieron $ 1’384.394 a cuentas propias en EE.UU. Además, que ocho servidores son accionistas en 24 sociedades nacionales.

Los plazos de repatriación de recursos están en discusión.

Este análisis fue recibido por la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional para continuar con el tratamiento del proyecto de ley sobre paraísos fiscales.

Leonardo Orlando, director del SRI, planteó tener dos listas de paraísos fiscales. Una para evitar la evasión tributaria y otra para prevenir el lavado de activos.

La nueva ley, según el funcionario, debería incluir a empleados de sociedades cuyo capital accionario pertenezca en más del 50% al Estado, así como a trabajadores de empresas públicas, notarios y miembros de cuerpos colegiados, para garantizar la transparencia.

Orlando solicitó reformas al Código de la Democracia para que se prevea como requisito a la inscripción de una candidatura de elección popular, la presentación de la declaración patrimonial con el detalle de inversiones en el extranjero. (I)