El informe de la comisión legislativa de Justicia sobre “la investigación de las empresas offshore constituidas por personas ecuatorianas en paraísos fiscales” respalda el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior presentado el 26 de julio pasado por el Consejo de Educación Superior (CES).

El paquete de reformas busca fiscalizar los movimientos financieros y sancionar las prácticas irregulares de las instituciones de educación superior, evitando el ánimo de lucro como establece la Constitución.

El 3 de abril pasado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) filtró una lista de clientes de Mossack Fonseca, un estudio jurídico panameño conocido por crear firmas offshore en paraísos fiscales.

Luego de 5 meses de trabajo la Comisión de Justicia, con 8 votos a favor y 2 en contra, ratificó en su informe que funcionarios públicos, grupos económicos y 5 universidades privadas mantienen nexos con paraísos fiscales.

Por ello, recomendó al Servicio de Rentas Internas (SRI) y a la Contraloría que analice la información con la posibilidad de iniciar exámenes especiales para transparentar el manejo financiero de los funcionarios y de las instituciones educativas implicadas, según sea el caso.

El informe irá al Consejo de Administración Legislativa (CAL) y de la Comisión de Fiscalización para que “de ser pertinente” inicie nuevas indagaciones.

Una investigación de EL TELÉGRAFO reveló que la Universidad de Las Américas (UDLA), una de las 5  señaladas por el SRI, arrienda por medio de terceros un lote a una firma panameña, costo superior a la inversión que el centro destina a capacitación e investigación.

A través de la firma Servicios Profesionales Ad Portas S.A., de la que la UDLA es accionista por medio de la empresa Inmobiliaria Educacional SPA (IESA) de Chile, arrienda a la panameña Southern Enterprises & Investments CO. S.A. el lote donde funciona el campus Queri, en el norte de Quito.

Informe ratifica nexos con Panamá

El informe de la Comisión de Justicia, en el capítulo de las universidades privadas, añade más detalles.

Con base en la investigación del SRI, la Comisión determinó que “el principal proveedor de la universidad sería Ad Portas que, a su vez, tiene como principal accionista a IESA, firma a la que la UDLA factura por el arrendamiento del edificio de dos de sus sedes y el terreno donde funciona otra. En 2013 la UDLA pagó $ 7 millones a Ad Portas por ese concepto”.

El informe también señala que “en 2012 y 2013 la UDLA otorgó un préstamo de $ 20 millones a Ad Portas con el objeto de financiar capital de trabajo”, recibiendo como pago “$ 2.1 millones por concepto de intereses y no de capital”.

Además destaca que “entre 2008 y 2015 la UDLA ha enviado a sus relacionadas en el exterior alrededor de $ 75 millones”.

Al ser consultado sobre este tema, el rector de la UDLA, Carlos Larreátegui, se negó a dar su versión asegurando que no se lo buscó a tiempo. Sin embargo, la gestión se realizó a través de la oficina de Relaciones Públicas del centro de estudios sin obtener respuesta.

Ayer, vía telefónica, Larreátegui arremetió contra EL TELÉGRAFO y dijo que la firma a la que arriendan “puede ser panameña, pero es la dueña del terreno que arrienda a otras 50 personas, incluyendo todas las distribuidoras de autos que hay ahí y al Grupo Azul vinculado al Gobierno”. Y tras afirmar que la información tiene inconsistencias, agregó: “esto se va a terminar pronto y va a terminar muy mal para ustedes, muy mal para ustedes. Están atacando a gente inocente, persiguiendo, mintiendo y eso no es lo que debe hacer un periódico”.

En el informe de la Comisión de Justicia también se incluyó a Esteban Uribe, exempleado de este Diario, quien está vinculado a empresa  panameña Edgecliff International Business S.A.. El exfuncionario se desempeñó asesor de la gerencia general hasta eel 29 de abril de 2016. (I).