La Organización Internacional del Trabajo (OIT) cree que un diagnóstico previo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ayudará a plantear soluciones para superar la “crisis” que han denunciado varios sectores de la sociedad.

Pablo Casali, especialista en Seguridad Social y Desarrollo Económico, habló con EL TELÉGRAFO sobre ese tema. Él asiste esta semana a un taller que brinda la OIT a los servidores del IESS en Quito, en donde se analiza la cobertura que existe en el país sobre la seguridad social.

Hace una semana, la Mesa de Convergencia exigió una reestructuración al IESS. ¿Es necesario llegar a ese extremo?
El Gobierno debe arrancar con un diálogo sobre el diagnóstico de la institución para que todos los actores de relevancia y vinculados a la protección social, en el país, construyan consensos que impliquen reformas en ese campo, siempre y cuando sean necesarios.

¿Qué reformas se deben plantear a la seguridad social?
El foco inicial es el diagnóstico sobre la protección social y allí se determinarán los efectos de las decisiones que se tomaron sobre las fuentes de financiamiento, y ese estudio develará cómo esas decisiones impactan en la sostenibilidad del sistema.

¿De dónde deberían provenir los recursos?
La legislación actual es clara. El financiamiento proviene de los empleadores, trabajadores y Gobierno. En principio, no debería cambiar en futuras reformas.

¿La OIT asesora al Ejecutivo en posibles reformas?
Ayudamos al Gobierno en el fortalecimiento de la institucionalidad del consejo directivo del IESS. También se trabaja en mejorar los protocolos para la gestión de la recaudación. Además, en la ampliación de cobertura para el cuentapropismo (persona que no es comerciante o profesional, pero vive de su propio negocio).

En ese caso el debate deberá precisar en vista de la caracterización de estos grupos y sobre la coordinación de políticas  contributivas y no contributivas para su efectiva inclusión; además la OIT ayuda en el fortalecimiento actuarial del IESS, un tema importante para resaltar técnicamente las futuras propuestas. La misma debe garantizar la sostenibilidad del seguro y la protección social en general.

¿Hasta cuándo dura este asesoramiento?
Arrancó a finales del año pasado y en principio durará 30 meses. Nosotros aportaremos al Gobierno con el aspecto técnico basados en normativas y experiencias internacionales.

¿Cómo está la región en cobertura de seguridad social?
La región avanzó en la última década en la ampliación de la cobertura contributiva en casi 8 puntos porcentuales. Cinco de cada 10 personas están cubiertas por la seguridad social tradicional, pero a pesar de ello todavía cinco no tienen acceso.

¿Cuáles son los desafíos?
Garantizar una cobertura universal, la suficiencia o calidad de las prestaciones y, por supuesto, la sostenibilidad de los sistemas.
En ese marco, los grupos de difícil cobertura, como obreros por cuenta propia y los rurales y otros, podrían ser parte de las prioridades de la discusión.
En 2015, un informe de la OIT estableció que el recorte de la protección de los trabajadores no ayuda al crecimiento económico.

¿Qué se debe hacer para mejorar las condiciones laborales?
Nosotros tenemos una definición que está en nuestra génesis, que es la promoción del trabajo decente y eso incluye la cobertura de la protección social. Eso debería replicarse en todo sentido. (I)