La falta de una cultura tributaria en el país ha sido uno de los mayores problemas de la sociedad ecuatoriana. Entre 2001 y 2009 el Servicio de Rentas Internas (SRI) glosó $ 662 millones por la utilización de la figura de ‘subcapitalización’ en paraísos fiscales.

¿De qué se trata? Según el abogado David Meza, la subcapitalización se basa en un préstamo entre relacionados, es decir, empresas de un mismo grupo económico. Explicó a diario EL TELÉGRAFO que el crédito en sí no corresponde un gasto deducible, sino los intereses que genere.

Para ejemplificar, Meza indicó que el dueño de una empresa ecuatoriana le pide a su matriz, registrada en un paraíso fiscal, un préstamo fingido con un interés del 10%, del cual sacará $ 25 mil de intereses, pero lo clasificará como un gasto de la firma ecuatoriana y en la offshore como ingreso. Esta última, al estar en un régimen fiscal preferente, no generará impuestos de ese ingreso. Es decir se ahorraría en impuestos el 22% de esos $ 25 mil.

Meza dice que esta es un práctica común en las multinacionales “porque tienen empresas en todos los paraísos fiscales” y la forma de sacar ganancia es generar créditos entre relacionados con intereses usureros. “Un interés que esté por encima de la tasa activa del Banco Central del Ecuador es una usura. Es ahí donde el SRI ha metido mano; y me parece bien porque va en contra del erario público”.

Efectivamente existe un caso emblemático en Ecuador en donde en 4 años de contiendas jurídicas se han logrado 3 sentencias a favor del SRI, aunque todavía existen litigios en proceso. En 2009, el presidente Rafael Correa denunció en su enlace ciudadano Nº 128, que mediante el Decreto Ejecutivo Nº 969 en el gobierno de Gustavo Noboa, se autorizó la construcción y operación del oleoducto de crudos pesados a la compañía Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) Limited con domicilio en las Islas Caimán, considerado un paraíso fiscal. Dicha empresa estaba compuesta por Andes Petroleum, Repsol YPF, Petrobras, Perenco, Occidental, empresas que ya operaban en el país bajo el nombre de OCP Ecuador.

Correa explicó aquella vez que las petroleras que estaban trabajando en el país y no podían sacar su petróleo hicieron una compañía en un paraíso fiscal y con dicha firma construyeron un oleoducto. “Es decir, los dueños de la OCP son los usuarios de la OCP”.

En un inicio, el proyecto costaba $ 500 millones, capital compuesto en 70% financiado sobre la base de un préstamo internacional y 30% aporte de accionistas; pero 3 años más tarde el costo sube a $ 1.474 millones que provendrían en 63% de terceros y 37% capital propio.

Sin embargo, los accionistas no llegan a entregar el 37%, sino tan solo el 4% ($ 55 millones) y el restante (33%) lo convirtieron en una deuda subordinada de $ 465 millones con un interés de entre 18 y 21%, que les concedió la matriz de las Islas Caimán (ver gráfico). “Con esta operación -dijo Correa esa vez- se castigan utilidades, salen gastos en intereses grandísimos y con eso no se paga impuestos”.

Actualmente los grupos económicos ya no pueden realizar este tipo de préstamos entre relacionados, ya que el nuevo Código Tributario espitula que una sociedad que quiera cargar costos de interés en sus gastos tiene que ser con base en una tasa aprobada por el Banco Central de Ecuador (BCE). Hoy la OCP tiene una deuda fija con el Estado de $ 71 millones, monto que con los intereses referenciales del BCE se podría duplicar.

Precios de transferencia

Otra de las figuras creadas por compañías ecuatorianas para eludir impuestos, identificada por el SRI, son los ‘precios de transferencia’ que la utilizan principalmente compañías exportadoras o importadoras que simulan la venta o compra de productos a terceros, que por lo general es la misma firma domiciliada, con otro nombre en un paraíso fiscal. Esta actividad habría causado entre 2006 y 2010 un flujo no transparentado en el país de $ 884 millones.

En estos casos, por ejemplo, una empresa exportadora de fruta declara que vendió su producto a una empresa intermediaria, previamente calculan que el precio cobrado coincida con los costos de producción y reportan cero ganancias, o incluso pérdidas, en la transacción para no pagar impuesto a la renta en el país.

La empresa intermediaria negocia, a su vez, el producto a precios reales en los mercados internacionales y esa diferencia ingresa en su totalidad sin pagar rentas, ya que en los paraísos fiscales no se tributan impuestos.

Esta es al figura que habría utilizado Bananera Noboa en 2005 cuando el SRI le siguió un juicio por la evasión en el pago de impuestos por $ 105 millones. El excandidato presidencial Álvaro Noboa abrió una cuenta en el banco HSBC en 2006, bajo la empresa Fruit Shippers Limited, que está domiciliada en Bermuda y Estados Unidos. La máxima suma registrada en la cuenta fue de $ 92,1 millones entre 2006 y 2007.

Esa entidad financiera está implicada en el caso ‘Swiss Leaks’ por evasión y lavado de activos. El director del SRI en ese entonces, Carlos Marx Carrasco, explicó que se glosó a la compañía por $ 226 millones y la obligó a pagar $ 82 millones por concepto de un ajuste integral de precio de transferencia, pues se determinó que declaró menores ingresos.

En su defensa Noboa, a través de sus abogados, indicó que el SRI calculó con base en el precio de venta de $ 9,32 la caja, cuando el valor promedio al que Ecuador vendió en ese año fue de $ 4,78. En 2013 el SRI embargó 8 lotes: la hacienda La Clementina y otras propiedades de Noboa, para ser rematados con el fin de cubrir la deuda tributaria.

Estos procedimientos se caracterizan por hacer una triangulación artificial que cumple la tarea de evitar el pago de impuestos sobre las utilidades. Meza considera que todas estas prácticas afectan al erario fiscal, pues no se captan los ingresos que se debería y eso golpea al Presupuesto General del Estado. “Lo cual produce que los países víctimas de estas ilegalidades no generemos riqueza, porque nuestros impuestos son engañados”. (I)

Un importante financista de la campaña fujimorista está involucrado

'Papeles de Panamá' implican a más de 200 peruanos

Jorge Yoshiyama Sasaki es el sobrino del exministro del Gobierno de Alberto Fujimori, Jaime Yoshiyama Tanaka, quien aportó a la campaña de Keiko Fujimori. Captura de pantalla de Youtube

La filtración de más de 11 millones de documentos que dan cuenta de movimientos financieros de centenares de personas a nivel mundial, a través del bufete panameño Mossack Fonseca, para crear sociedades mercantiles y compañías offshore, buscando evadir impuestos en sus respectivos países, involucra, de acuerdo a un informe publicado el pasado lunes por IDL-Reporteros, a unos 260 peruanos.

Los nombres de políticos y gente ligada a la minería, agroindustria, farándula, deporte, producción de medicamentos, entre otros sectores, se inscriben dentro de la lista de los relacionados con Mossack Fonseca en este país.

Apenas destapada la información, el pasado 3 de abril, y a una semana de cumplirse la primera vuelta electoral, se conoció que en los entornos de los candidatos Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, Alan García y Alejandro Toledo, se encontraban decenas de personas relacionadas con la creación de empresas offshore en paraísos fiscales. Los casos que más han resaltado, en este contexto, han sido los ligados a los candidatos finalistas en la contienda democrática.

Jorge Yoshiyama Sasaki, uno de los financistas más importantes de la campaña fujimorista, y quien figura como accionista principal de una offshore creada por el buffette panameño, en lo que va de las dos postulaciones de Keiko Fujimori a la presidencia, ha financiado cerca de 380 mil dólares.

Kuczynski, en cambio, habría firmado una recomendación para su amigo personal, Francisco Pardo Mesones, exdirector del Banco Central de la reserva de Perú, quien cerró millonarios contratos con empresas venezolanas y cubanas a través de una offshore creada en Panamá.

Si bien la información sobre el contenido de estos papeles ha tenido un seguimiento intenso por parte de IDL-Reporteros y el portal Ojo Público, a nivel nacional, en tanto medios de comunicación masivos, la radio, prensa y televisión no han realizado una cobertura pormenorizada de esta información ni de las consecuencias que tendría a nivel global en el país.

Desde el Estado, las acciones frente a los ‘Panama Papers’, como se ha nombrado a este caso, ha tenido una respuesta articulada entre la Fiscalía, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) y la labor de fiscalización del Congreso.

De este modo la Sunat decidió, apenas difundida la información, crear un equipo especial de investigación que se encargará de esclarecer el nivel de participación de empresarios peruanos en este caso. Una de las primeras acciones fue el allanamiento de las oficinas de Mossack Fonseca en Lima y la incautación de papeles que revelaron nuevos nombres de los usarios de este mecanismo de evasión.

Gastón Acurio, dueño de uno de los emporios más reconocidos de comida peruana a nivel mundial, figura como uno de los beneficiados por los paraísos fiscales. La lista abarca, entre otros, los nombres de Magaly Medina, reina de la prensa rosa en Perú; José Lizier Curbetto, dueño de la nave en la que escapara Vladimiro Montesinos; y Mario Vargas Llosa y su exesposa, Patricia, quienes durante algunos meses de 2010 tuvieron en posesión las acciones de una offshore en paraíso fiscal.

Las investigaciones de la Sunat han servido para determinar algunas pistas que derivarán en acciones ampliadas en contra de los involucrados. Se sabe, por ejemplo, que de entre los 260 registrados hasta ahora, unos 57 usuarios de offshore habrían recibido hasta 60 millones de dólares de los paraísos fiscales. La Unidad de Inteligencia Financiera reveló también que unos 7 involucrados en este caso presentan reportes de operaciones sospechosas en el sistema bancario de Perú, lo que abre la posibilidad de hallar casos de lavado de activos. (I)