El semanario argentino Miradas del Sur le dedicó un buen espacio a su edición del domingo pasado para destacar la labor del presidente de la República, Rafael Correa. El diario resalta el apoyo del Mandatario en el juicio iniciado por los habitantes de la Amazonía que vivieron lo que los expertos consideran como el peor desastre petrolero del mundo.

El análisis del medio argentino destaca “la altivez y la soberanía” reclamadas por Correa, la inversión social y los cambios que se realizaron con respecto a las ganancias del Estado en cuanto a la explotación de los recursos petroleros.

A continuación parte del texto del análisis: Chevron y un juicio histórico. Históricamente, por cada barril que salía de la Amazonía, sólo quedaba un dólar en el lugar. Pese a contar con la gran mayoría de las reservas de hidrocarburos del país, la selva ecuatoriana es la región con mayores índices de pobreza. Pero, además, sus comunidades sufren los efectos de la contaminación generada por las explotaciones.

Un reciente fallo del juez argentino en lo Civil y Comercial de Buenos Aires, Adrián Elcuj Miranda, promete ser una larga batalla judicial. En efecto, el magistrado trabó embargo por la friolera de 19.000 millones de dólares a la Texaco –adquirida luego por la Chevron– en virtud de un pedido de la justicia ecuatoriana, bajo la Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares. Una de las peores caras de la relación entre gobiernos títeres y monopolios la vivió Ecuador durante años.

El Ciadi y los dólares. Unos meses antes del primer triunfo electoral de Correa, en mayo de 2006, la empresa Oxy (Occidental Petroleum Corporation) recibió una mala noticia de parte del gobierno de Alfredo Palacio, de quien Correa había sido ministro de Economía por unos pocos meses en 2005. El gobierno retiraba la concesión petrolera a Oxy, argumentando que ésta le había transferido parte de la operación a otra empresa sin permiso de los concesionarios.

Desde entonces, Oxy recurrió al Ciadi (organismo arbitral del Banco Mundial) que el mes pasado falló contra el Estado ecuatoriano y lo obliga a pagar 2.300 millones de dólares. Esta pelea con otra petrolera, sin embargo, puede ser leída de otra manera. En estos seis años las estatales Petroecuador y Petroamazonas le permitieron al fisco generar ingresos genuinos en el orden de los 12.000 millones de dólares exclusivamente por la operación que hacía Oxy.

A esa cifra se llega después de descontar los 4.600 millones invertidos por las petroleras estatales en estos años. La cuenta, aun pagando hasta el último dólar a la multinacional, deja un saldo favorable y pone en el tapete una vez más que la determinación soberana es una cuestión política y económica al mismo tiempo.

La distribución de la riqueza. La Legislatura trata estos días un proyecto impulsado por Correa que pretende, lisa y llanamente, aumentar los impuestos al sector financiero y destinar esos recursos a los programas sociales. La propuesta produjo revuelo en la Asociación de Bancos Privados de Ecuador, que acusó al proyecto de confiscatorio. De concretarse, el Bono de Desarrollo Humano (una especie de asignación ciudadana) subiría de 35 a 50 dólares la asignación que reciben 1’200.000 personas pobres.

Lo “confiscatorio” sería, entre otras medidas, que los servicios financieros paguen 12% de IVA sin posibilidad de cargar los costos sobre los clientes. Hasta ahora, ese sector estaba exento del IVA. Correa también propone poner techo a los “sueldos” de los banqueros. Interesante determinación en momentos en los cuales, tanto en la zona euro como en Estados Unidos, se verifica que los ajustes corren sólo para los trabajadores, jubilados o desocupados y no para el poderoso sistema financiero.