La tarde del martes 4 de junio de 2019 fue reformado el Acuerdo Ministerial 185 y con ello se reconoció el pago de la compensación por jubilación a aquellos ciudadanos que fueron cesados luego de haber presentado su renuncia voluntaria.

Ese era uno de los compromisos firmados la semana pasada entre el Gobierno, jubilados y Asamblea Nacional.

Con la medida que firmó el Ministro de Trabajo, Andrés Madero en la Asamblea, cerca de 3.800 exservidores públicos, que se retiraron entre 2017 y agosto del 2018, se beneficiarán del pago de aproximadamente $ 180 millones.

Pero ese monto no entra en el presupuesto de $ 350 millones que planificó el Gobierno para el pago a los jubilados este año.

Según Madero, hasta el momento, el Gobierno canceló cerca de $ 750 millones a 13 mil jubilados. En ese sentido, el Ministro detalló que desde mayo se realizan pagos de hasta $ 15 millones mensuales a los pensionistas.

Sin embargo, los jubilados creen que eso no es todo. Exigen que se les cancele el total de los adeudado y no “por goteo”.

Por ejemplo, solicitaron que se pague de manera planificada a los 8.400 jubilados del 2015, 2016 y 2017. Solo para los dos primeros años, el monto adeudado ascendería a $ 480 millones.

Además, esta mañana, un grupo de maestros junto a funcionarios del Ministerio de Educación empezaron a confeccionar las normativas para exigir al Ministerio de Finanzas que pague a 8.600 jubilados en 2008, 2009 y 2010.

Según Alfonso Yánez, de la coordinadora de Maestros Jubilados del Ecuador, la deuda para este último grupo ascendería a $ 180 millones.
Asimismo, los dirigentes buscan soluciones para los 620 maestros que fallecieron sin recibir su incentivo jubilar.

“La normativa expresará que para el pago ya no se haga más papeleo ni se pida más requisitos. Sino hay soluciones, retomaremos a la huelga”, dijo Yánez.

Esas quejas de los pensionistas ya llegaron a manos de la Defensoría del Pueblo.

De no cumplir con los pagos a los jubilados, esa institución activará la vía constitucional para pedir que se cumplan los derechos de ese grupo. (I)