Mediante al Decreto Ejecutivo 649, suscrito el 28 de enero, todo el material decomisado a la minería ilegal pasará a manos de la Empresa Nacional Minera (Enami), para su aprovechamiento y comercialización.

El documento firmado por el presidente Lenín Moreno realiza varias reformas a la Ley de Minería y establece que la explotación ilegal, así como el comercio clandestino de sustancias minerales serán sancionados con el decomiso de la maquinaria, equipos y el material.

Los elementos serán avaluados por un perito, cuyos honorarios deberán ser cubiertos por el infractor.

El gerente de la Empresa Nacional Minera (Enami), Juan Sebastián Medina, recibió a EL TELÉGRAFO para dar mayores detalles del trabajo que se desarrollará.

¿Cuál es el objetivo fundamental del Decreto?

Permite hacer una reforma fundamental a la Ley Minera para que el material mineralizado decomisado pase de la Arcom (Agencia De Regulación Y Control Minero) a Enami. Nosotros podríamos procesar el oro y comercializarlo.

Antes, Arcom tenía potestad de realizar un remate del material mineralizado, pero la gente no iba al primer llamado, ni al segundo, ni al tercero. El material bajaba enormemente el precio y era comprado por los mismos mineros ilegales.

Actualmente ¿cuánto material se tiene decomisado?

Tenemos pesadas un poco más de 1.000 toneladas de material mineralizado

Pero ¿se ha comprobado que toda esa cantidad sea lo incautado y que no se hayan realizado cambios mientras se encontraba almacenado?

Se han tomado muestras aleatorias del material, precisamente para comprobar que es mineralizado. Además, a simple vista se pueden ver las piedras. Cuando tiene oro, su coloración es diferente.

¿Cómo se trabajará en la comercialización y tratamiento del material que pase a Enami?

Se realizará un concurso público para adjudicar el procesamiento del material a la mejor planta de beneficio, de las aproximadamente 100 que hay en el país.

Para la comercialización del mineral hay dos opciones que estamos analizando. Una de ellas es entregarle al Banco Central del Ecuador para que se encargue y otra es poder comercializarlo con compradores internacionales.

Ese dinero va a ingresar a la Cuenta Única del Tesoro y esto tendrá dos impactos: permitir que Enami incremente su gestión y que la Arcom pueda tener mejores estrategias para el control minero.

Para usted ¿cuál es la mejor vía: que se comercialice con compradores internacionales o que pase al Banco Central?

Creo que el que pase al Banco Central nos permitirá incrementar nuestras reservas de oro. Esto es un gran beneficio para el país, pero es algo que aún no está establecido.

Justamente el decreto da un plazo de 90 días, contados a partir de la publicación en el Registro Oficial, para que la Arcom y el Ministerio de Economía y Finanzas expidan la normativa y demás mecanismos e instrumentos necesarios para el cumplimiento de esta reforma.

¿También hay maquinaria decomisada?

Sí y el Decreto Ejecutivo también permite el remate de estos bienes. En algunos casos hay máquinas que superan los $ 300.000 y por ello se está trabajando con inteligencia para determinar quién o quiénes financian esos bienes y establecer cómo funcionan las redes.

En los operativos que se han realizado, por ejemplo, se han detenido camiones con leche, incluso tanqueros para combustibles, modificados para el traslado camuflado del material. Hacer todo eso cuesta dinero y alguien lo está financiando.

¿Por qué la Enami está acompañando a los operativos de Arcom?

Enami busca ser un ente de lucha contra la ilegalidad. La ilegalidad no se va a combatir persiguiendo y deteniendo a la gente.
Hay pasos previos como la capacitación, el acompañamiento al minero. Esto es necesario para el mejor aprovechamiento de los materiales, cuidado en medio ambiente.

¿Cuál es el tipo de acompañamiento que existe para el minero? ¿Qué alternativas se le expone?
ay dos escenarios en los que estamos trabajando. El uno es que con el apoyo del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) se construya una pequeña planta de beneficio para el procesamiento de cinco a diez toneladas por día. Se pidió al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) un terreno de una hectárea para este fin, pero la respuesta es que el Estado no cuenta con ese predio.

La otra posibilidad es potenciar una planta de aprovechamiento ya instalada, pero que tenga sello verde y cumpla con las mejores prácticas.

¿Cómo beneficiará eso al minero ilegal?

Esas plantas funcionarán como una escuela de formación en donde pueda aprender sobre el mejor aprovechamiento del material y que no necesita usar metales altamente contaminantes como el mercurio, por ejemplo.

¿Esto se enmarca en el plan minero anunciado hace pocos días por el ministro de Recursos Naturales no Renovables, Carlos Pérez?

Sí, pero no es un plan, es la actualización de la política pública minera que busca dar un desarrollo sostenido y sustentable de la minería en Ecuador.

Fija el camino para un desarrollo que debe estar en relación con el ser humano y con la naturaleza. Para ello se establece una mejor articulación institucional entre diferentes actores como Arcom, Enami.

En este marco es fundamental luchar contra la minería ilegal y fijar las buenas prácticas de producción, de atracción de inversiones, de seguridad jurídica. (I)