El proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento de Finanzas Públicas, enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional el pasado jueves, tiene como objetivo mejorar la administración de las finanzas públicas.

Entre las reformas se plantea la determinación de techos presupuestarios globales e institucionales y del incremento del Presupuesto General del Estado (PGE).

El analista económico Walter Spurrier, ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, destacó los elementos positivos de este ámbito.

Explicó que la reforma baja del 15% al 5% la posibilidad del incremento del presupuesto que puede hacer el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sin autorización de la Asamblea.

Aseguró que la medida no le quita capacidad de gestión al MEF, como ha sido criticado por otros expositores.

“No significa que no pueda incrementar su presupuesto, sino que requiera la aprobación de la Asamblea”.

Lo cual, para el analista, es muy positivo para el Legislativo porque bajo la actual Constitución, el rol de la Asamblea se ha visto minimizado en el proceso presupuestario. “Con esto el Legislativo gana autoridad sobre el presupuesto”, afirmó.

La propuesta de ley indica que los objetivos, límites y metas respecto a las reglas fiscales totales del Sector Público no Financiero (SPNF), y específicas del PGE, serán calculados, determinados, evaluados y actualizados por el MEF.

Además, propone que esta cartera de Estado fije un techo de gasto presupuestario a cada entidad. Bajo la normativa actual, cada institución arma su presupuesto y solicita los recursos al MEF, lo que complica el análisis de cada partida presupuestaria y “esto hace que el presupuesto crezca de manera incontrolada”, agrega Spurrier. “La nueva metodología (propuesta en el proyecto) obliga a mayor austeridad”, rescata.

El cumplimiento de estas reglas se comprobará con reporte con información consolidada. Las unidades que integran el SPNF harán un seguimiento a la ejecución presupuestaria y ajustarán el gasto público para garantizar que se cumplan los objetivos y reglas fiscales.

De existir incumplimientos de los objetivos de deuda o de las reglas de gastos permanentes, la entidad deberá establecer el Plan de Fortalecimiento y Sostenibilidad Fiscal.

Tanto los objetivos y límites como las metas fiscales, serán publicadas mediante acuerdo ministerial por el ente rector de las finanzas públicas.

Por otra parte, las metas fiscales sectoriales para cada nivel de gobierno serán determinadas, evaluadas y actualizadas por el Comité Nacional de Coordinación Fiscal, sostiene la propuesta.

Este comité estará conformado por siete miembros representantes del Presidente de la República, MEF, Banco Central, GAD, Empresas Públicas y Seguridad Social, que tendrán voz y voto.

Observaciones del IESS e ISSPOL
David Ruales, director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y Jorge Villarroel, director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL), señalaron que algunos artículos del proyecto de ley afectan la independencia y autonomía  de  estas instituciones.

Los representantes indicaron que estas entidades no pueden ajustarse a los límites o decisiones del MEF.

Recordaron que el Consejo Directivo de cada institución toma decisiones con base en los recursos de sus afiliados y asegurados, como lo establece la ley.

Ambos coincidieron en que poner techos presupuestarios a la seguridad social es inconstitucional. (I)