San Lorenzo.-

Un verde intenso cubre gran parte del territorio del cantón esmeraldeño San Lorenzo del Pailón. Se trata del cultivo de palma aceitera, que se ha convertido en la principal fuente de ingreso de los habitantes.

Esta industria y la población están amenazadas por la contaminación que genera la minería ilegal en la que se emplean químicos nocivos para la vida.  

EL TELÉGRAFO sobrevoló la zona y constató las huellas de la contaminación. Desde lo alto se apreciaron lagunas con tonos turquesa y coloraciones cafés en los ríos que están en contacto con los químicos usados para extraer oro. El Tulubí, Santiago, Bogotá y otros torrentes están contaminados.

En esta zona existe un clamor generalizado hacia las autoridades para que frenen la actividad ilegal.

El alcalde Gustavo Samaniego explicó que aunque las parroquias cuentan con conexiones de agua potable, las personas utilizaban el agua del río para bañarse y se alimentaban con sus peces. Eso ahora es imposible por la contaminación.

Entre los pobladores hay incomodidad, así lo afirmó Lenín Caicedo Mina, vicepresidente de la Junta Parroquial Tulubí -conocida como Ricaurte-. El habitante destacó que lamentablemente las personas de escasos recursos son las más perjudicadas por la actividad ilegal.

“El problema es que los mineros ilegales les ofrecen algo de dinero para que no denuncien, por la pobreza aceptan, y luego se dan cuenta de que han destruido el recurso, pero ya es tarde”.

El ciudadano mencionó que hace una semana 2 personas tuvieron que ser trasladadas a un hospital porque se bañaron en el río y ahora tienen llagas en el cuerpo.
El Alcalde destacó que para frenar la minería ilegal se necesita la colaboración de la ciudadanía e hizo un llamado para juntos erradicarla.

Detalló que como acciones para remediar la contaminación y conservar las fuentes de agua se trabaja con una organización de Loja, denominada ‘Naturaleza en Desarrollo’.

Los cultivos de palma también se afectan por los mineros ilegales que invaden terrenos. Por ejemplo,  Energy Palma fue perjudicada en uno de sus terrenos.

Flavio Paredes, gerente de la empresa,  recalcó que al contaminarse el suelo con metano, ya no se puede sembrar palma. “El terreno queda improductivo, la remediación para desintoxicarlo tomará años y luego hay que analizarlo”.

La esperanza de los habitantes de San Lorenzo del Pailón está en esta actividad económica; es el único cultivo industrializado que se desarrolla en el lugar. El funcionario explicó que hace 14 años aumentó la presencia de palma y que “ha sido lo mejor que ha podido pasar”.

Los pequeños productores

La aspiración es que en el lugar se desarrolle toda la industria: cultivo, extracción e industrialización.

En el sitio existen 6 empresas que se dedican al sembrío de palma aceitera y a ello se suman los pequeños y medianos palmicultores.

Las empresas son una fuente segura de empleos y la principal de impuestos para el Cabildo. Otro beneficio es el aumento del número de afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

En 1998, en San Lorenzo, había 7 personas registradas en el IESS y ahora son 3.970, informó el representante de Energy Palma.

Esta compañía fue creada por La Fabril para autoabastecerse. Inició operaciones en 2006. Solo esta empresa genera 900 puestos de trabajo, de ese total, el 65% es mano de obra agrícola, lo que beneficia a la población. Además cuenta con contratos de fidelidad con 120 pequeños productores. Es decir que aseguran la compra de la fruta.

San Lorenzo es la zona palmera de mayor importancia económica para la agroindustria del aceite de palma, afirmó Paredes.

Detalló que el sector empleaba directamente a 6.000 personas, según cifras de 2010. Eso se redujo significativamente a 3.970, por la presencia de PC (pudrición del cogollo), que es una plaga que acaba con los sembríos. La planta se pudre y ya no produce.

Para que el cultivo siga desarrollándose en el país, los palmicultores esperan que el Gobierno los ayude con fuentes de financiamiento, puesto que deben reemplazar las plantas.

El alcalde afirmó que las empresas cumplen con los requisitos legales y descartó que haya problemas con territorios ancestrales. Este sector productivo genera cerca de $ 150.000 al año en impuestos. (I)

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